La CE ordena a Bélgica recuperar una ayuda de Estado ilegal concedida a ARCO

  • La Comisión Europea (CE) ha ordenado a Bélgica que recupere una ayuda de Estado ilegal que otorgó el Estado a la cooperativa financiera ARCO mediante un sistema de garantía, tras el desmantelamiento de Dexia, a fin de proteger a los accionistas.

Bruselas, 3 jul.- La Comisión Europea (CE) ha ordenado a Bélgica que recupere una ayuda de Estado ilegal que otorgó el Estado a la cooperativa financiera ARCO mediante un sistema de garantía, tras el desmantelamiento de Dexia, a fin de proteger a los accionistas.

Tras una investigación en profundidad, la CE determinó que el esquema belga de garantía para accionistas de cooperativas financieras "era incompatible con las normas de ayudas de Estado", informó hoy el Ejecutivo comunitario.

La CE considera que la garantía confirió una ventaja selectiva a la cooperativa financiera ARCO, bajo reestructuración, al ser el único beneficiario del esquema.

La entidad financiera tendrá ahora que devolver el valor económico de la ventaja recibida, señaló el departamento que dirige el comisario español, Joaquín Almunia.

El ministro belga de Finanzas, Koen Geens, reiteró hoy que el Estado recurrirá la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), según la Agencia Belga.

Bélgica notificó en noviembre de 2001 a la CE un esquema encaminado a proteger a accionistas individuales en cooperativas financieras reconocidas ante pérdidas en los valores.

En ese momento el sistema ya estaba siendo aplicado, en violación de la obligación de los Estados miembros de recibir autorización previa para nuevas ayudas de Estado.

La participación en el sistema de garantía era opcional y los desembolsos solo estaban disponibles para accionistas individuales y no institucionales.

El sistema cubría la aportación al capital de la cooperativa por parte de los accionistas con un límite de hasta 100.000 euros, siempre y cuando las acciones fueran emitidas antes del 10 de octubre de 2011, la fecha en la que entraba en vigor la garantía.

El esquema estaba financiado principalmente a través de contribuciones anuales de los participantes, pero el Estado belga adelantaría pagos si no hubiera recursos suficientes en caso de un problema.

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