Bruselas.- La Comisión Europea (CE) ha presentado hoy unas orientaciones generales para aclarar a los países las situaciones en las que pueden apoyar con fondos públicos el despliegue de nuevas líneas de banda ancha y redes de última generación de acceso a internet.
El objetivo principal de la Comisión es proporcionar un "marco claro y predecible" para fomentar el desarrollo más rápido posible de estas infraestructuras, para que sea compatible con las normas comunitarias sobre ayudas estatales y se preserve la dinámica del mercado y la competencia en un sector que ya está totalmente liberalizado.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, indicó en un rueda de prensa que las orientaciones intentan proporcionar "la suficiente certidumbre jurídica a las inversiones privadas", que en su opinión son fundamentales para ayudar a "reducir significativamente la brecha digital".
Aunque Bruselas considera que son los operadores los que deben liderar las inversiones en la construcción de este tipo de redes, cree que "la ayuda estatal puede desempeñar un papel crucial" para ampliar la cobertura de banda ancha en áreas donde los operadores no tienen planes de inversión.
Además, la CE aclara que siempre que se conceda ayuda estatal a los operadores privados, ésta debe "estimular la competencia" obligando al beneficiario a abrir el acceso a esa red de financiación pública a terceras empresas, para "no caer en los antiguos monopolios", apuntó la comisaria.
Las compañías europeas de telecomunicaciones, que han pedido en numerosas ocasiones a la CE que les dé "flexibilidad" para construir estas nuevas infraestructuras, han cifrado en 300.000 millones de euros la inversión necesaria.
En concreto, las directrices explican cómo pueden canalizarse los fondos públicos para el despliegue de redes de banda ancha básicas y de líneas de acceso de próxima generación, que permitirán una velocidad de internet muy superior, en zonas donde no invierten los operadores privados.
Para ello, la Comisión pide diferenciar entre las áreas donde faltan conexiones a internet de banda ancha (las llamadas zonas blancas), aquellas en las que sólo hay una red desplegada (zonas grises) y aquellas con al menos dos competidores en servicios de banda ancha y gran densidad de población (zonas negras).
En éstas últimas el Ejecutivo comunitario considera que no es necesaria la intervención estatal, mientras que se muestra partidario de apoyar con ayuda pública el despliegue de redes en las zonas blancas, y más escéptico en el caso de las áreas donde ya ha habido inversión privada, o está prevista, y existe competencia.
Las orientaciones contienen asimismo salvaguardas para promover la competencia y evitar que la inversión de fondos públicos "expulse" a las inversiones privadas.
En concreto, prevén la elaboración de un mapa detallado, garantías de que los contratos públicos sean abiertas, la neutralidad tecnológica, o mecanismos para evitar que algunas empresas obtengan beneficios "desproporcionados" y que "se despilfarre el dinero del contribuyente", indicó Kroes.
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