La cne suspende el cobro de las primas a un total de 1.919 plantas fotovoltaicas

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidió este miércoles suspender cautelarmente el pago de la prima equivalente a 360 instalaciones fotovoltaicas que no han acreditado la instalación de los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica a fecha 30 de septiembre de 2008.
Con este acuerdo, la CNE ha finalizado el análisis y la suspensión, en su caso, de las instalaciones fotovoltaicas.
La Comisión procedió a la remisión de un requerimiento de información (facturas y albaranes de los equipos, certificados de instalación autorizada, certificados de final de obra, documentos acreditativos de referencia catastral y documento único de aduanas, en su caso) a 9.041 instalaciones fotovoltaicas (954,6 megavatios -MW-), a los efectos de que acreditaran la instalación de los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica a 30 de septiembre de 2008.
De estas 9.041 instalaciones requeridas, 855 han renunciado a cobrar la tarifa (47,5 céntimos de euro por kilovatio por hora) establecida en la normativa de 2007, para seguir cobrando la tarifa (32,6 céntimos/Kwh) establecida en la normativa de 2008. En términos de potencia estas 855 instalaciones significan 54,5 MW.
Además una instalación se había dado de baja.
Por tanto, las instalaciones analizadas finalmente fueron 8.185.
De ellas, 6.266 acreditaron la instalación de los equipos, frente a un total de 1.919 que no lo hicieron, representativas estas últimas del 3,54% de las instalaciones fotovoltaicas incluidas en la última liquidación realizada (54.257).
En términos de potencia estas 1.919 instalaciones significan 242,82 MW y representan un 27% de los 900,40 MW correspondientes a las 8.185 instalaciones analizadas y un 6,39% de la potencia fotovoltaica liquidada en el mes de mayo (3.799 MW).
El regulador recuerda que se trata de una suspensión cautelar, a expensas de lo que determine el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una vez analizadas las alegaciones que puede presentar cada uno de los sujetos afectados ante la Dirección General de Política Energética y Minas.