La dificilísima posición financiera del sector inmobiliario español ha puesto a sus principales compañías en situación límite. Una de las torres más altas de este negocio, Metrovacesa, que acaba de sacar adelante el match ball de la refinanciación, se ha sometido en los tres últimos años a un duro proceso de adelgazamiento.
El grupo que preside Vitalino Nafría ha reducido el gigantesco tamaño que su staff directivo lucía en 2007 –el año que empezó la crisis- y, por lo tanto, las millonarias retribuciones que recibía su alta dirección.
En 2007, Metrovacesa contaba con 22 altos directivos que se embolsaron 8,93 millones de euros. Entonces, la compañía estaba controlada por la familia Sanahuja, tras el acuerdo entre la saga catalana y Joaquín Rivero para repartirse el grupo tras una sangrienta batalla por el control de la primera inmobiliaria del país.
Pero el desembarco de los bancos en el capital de Metrovacesa cuando la deuda ahogó a Sanahuja y le obligó a ceder sus acciones a los acreedores -Santander, Banesto, BBVA, Caja Madrid, Banco Pastor, Banco Sabadell, La Caixa y Barclays controlan un 77% del capital de la inmobiliaria desde comienzos de 2009- ha supuesto una reducción paulatina de la alta dirección.
En 2009 el número de altos cargos se redujo a 16 –cobraron 4,45 millones de euros, la mitad que el año anterior- y el año pasado se ha vuelto a contraer hasta una decena. Sin embargo, los diez mayores directivos del grupo no han sufrido una merma en sus retribuciones. Al contrario. El salario medio en 2010 ha sido de 335.000 euros frente a los 278.125 euros del año anterior.
Este duro ajuste se ha producido mientras transcurría una dura negociación para sacar adelante la refinanciación de la deuda de 5.725 millones de euros, que ha consumido más de un año de conversaciones infructuosas, hasta la semana pasada.
A la vista de las discrepancias, Metrovacesa ha decido recurrir la Corte Superior de Justicia británica con el fin de que los términos de la refinanciación sean vinculantes para todos los bancos.
Se ha acogido al procedimiento del scheme of arrangement, que permite a las empresas renegociar su deuda con el apoyo del 75% del total de sus acreedores, en vez del 100% exigido por la normativa española.
El acuerdo permite a la inmobiliaria su endeudamiento en 1.200 millones de euros (hasta los 4.525 millones) y obtener un plazo de carencia en el pago del principal de cinco años. La operación contempla también una ampliación de capital de 1.950 millones de euros.
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