Susana Irles
Lisboa, 27 jul.- La crisis económica, con sus recortes a las ayudas sociales, las rebajas de las pensiones y las subidas de los alquileres, han puesto en riesgo de pobreza a la numerosa población portuguesa de la tercera edad, que en su mayoría vive con menos de 500 euros.
En un país de 10,5 millones de habitantes, dos millones de personas -alrededor de un 20 por ciento del país- se encuentran en edad de jubilación (a partir de 65 años) y, para la mayoría, llegar a fin de mes es una cuestión de contar sus ingresos euro a euro.
Un 85 % de los pensionistas de la Seguridad Social, que engloba a la mayoría de los jubilados de Portugal, recibieron en 2011 menos de 500 euros al mes.
Este grupo creció hasta 1,4 millones de personas, casi un 4 % más que en 2010, y una parte de ellos debe recurrir a una ayuda extraordinaria de 100 euros para llegar a un mínimo de 400 euros.
El número de personas ha aumentado de manera sostenida desde que empezó la crisis en 2010 y se situaba en torno a las 230.000 en 2011.
El Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho ha aplicado varios ajustes a este complemento a las pensiones más bajas, el último de ellos, una reducción del 2,75 % del umbral para acceder a los 100 euros complementarios.
La medida debe ahorrar seis millones de euros al Estado luso, según estimaciones oficiales, y forma parte de la batería de recortes para cumplir los compromisos del rescate internacional a los que se comprometió Portugal en mayo de 2011 a cambio de recibir 78.000 millones de euros.
Para algunos pensionistas, esos 100 euros son, sin embargo, una contribución esencial por su falta de recursos, que parcialmente compensan con el apoyo de los organismos locales y la solidaridad vecinal.
"Nuestra ayuda es a veces la que permite no cruzar esa frágil frontera entre pasar o no pasar hambre", afirma a EFE Vasco Morgado, presidente de la Junta de Freguesia del barrio de Sao José, un organismo del Ayuntamiento de Lisboa que presta atención a los vecinos de esa céntrica zona de la capital portuguesa.
El envejecimiento de la población es uno de los principales desafíos de su gestión, ya que un 53 % de los 4.000 residentes de su pequeño distrito son mayores de 65 años.
La entidad municipal que gestiona Morgado provee de comida, ropa, compañía o "simplemente leerles las cartas que no pueden", explicó Morgado, quien les reconoce como personas "muy cuidadas" con su dinero.
"Algunos no pagaron la Seguridad Social a lo largo de su vida. Trabajaron de otras maneras y ahora reciben unas pensiones muy bajas", lamenta.
Olívia de Jesus, de 83 años, visita de vez en cuando las dependencias sociales de este barrio para que la ayuden a lavarse y otras veces la atienden en su casa, donde recibe también comida.
Esta ex empleada de empresas de seguros, que además trabajó de asistente en varias casas desde muy joven, cobra unos 300 euros de pensión, que "se queda el banco" para pagar las cuentas, afirmó a Efe.
Sin hijos ni pareja, la anciana vive sola y se paga las comidas con los diez o veinte euros que le provee una sobrina cada semana."Solo tomo sopas y pan con queso o mantequilla", precisó.
Sus tres sobrinos ya tienen muchos problemas, dijo, como pagar una hipoteca mientras lidian con el desempleo, que se ha disparado en diez puntos en los últimos tres años y ronda el 18 % en Portugal.
Además de la falta de recursos, Olívia se ha visto afectada por la nueva ley de alquileres, otra medida contemplada en el programa de asistencia de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La norma, que llega a afectar a 250.000 personas con contratos de antes de los noventa, pretende subir los bajos precios de los alquileres, que en muchos casos rondan entre los 50 y los 100 euros.
En el caso de Olívia, aunque tuvo que dejar su casa hace poco más de un año, fue reubicada por los servicios sociales en una nueva vivienda mas pequeña, cuyo alquiler es pagado en parte por una institución de solidaridad.
Pero ella no lo siente como un hogar, sino "un gallinero" -se lamenta-, mientras recuenta los muebles y los recuerdos que dejó en la anterior.
Los jubilados son también el blanco de la reforma del Estado con la que el Gobierno luso pretende ahorrar 4.700 millones de euros, de manera permanente, con medidas como la revisión del sistema de pensiones, entre otras.
El Ejecutivo de Passos Coelho aplicó en 2012 una reducción de dos pagas extra a funcionarios y pensionistas con ingresos superiores a los 1.100 euros, pero fue anulada finalmente por el Tribunal Constitucional luso.
Olívia de Jesus, que apenas sonríe cuando se atreve a cantar fados o recuerda los tiempos de su juventud, dice que no tiene nada que pedir al Gobierno y que solo desea "fe para todos".
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