La FAO aprueba un tratado por el que cierra los puertos para barcos de pesca ilegal

Roma.- Un nuevo tratado cuyo objetivo es cerrar los puertos pesqueros a los barcos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (conocida por sus siglas, INDNR), ha sido aprobado por la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y el Desarrollo (FAO).

Una vez entre en vigor será el primer acuerdo internacional legalmente vinculante centrado en hacer frente a este problema, señala la FAO en una nota.

Será además el único tratado que, junto a los Estados responsables en primera instancia de la conducta de los barcos que operan bajo su bandera en alta mar, implica a otros países distintos al de pabellón en la lucha contra la pesca INDNR, agrega.

El acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto "para prevenir, evitar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entrará ahora en vigor, una vez haya sido ratificado por 25 países".

Los primeros miembros de la FAO que firmaron el tratado de forma inmediata tras ser aprobado por la Conferencia son Angola, Brasil, Chile, la Comisión Europea, Indonesia, Islandia, Noruega, Samoa, Sierra Leona, Estados Unidos y Uruguay.

Con su adhesión al tratado -refiere la nota de la FAO-, los gobiernos se comprometen a prevenir, disuadir y finalmente eliminar la pesca INDNR, incluyendo tomar medidas para evitar la entrada en sus puertos de los barcos dedicados a la pesca ilegal, impidiendo así que el pescado capturado de forma ilícita entre en el mercado internacional.

Al impedir una gestión responsable -añade-, la pesca INDNR daña la productividad y podría llevar incluso a su colapso.

Entre las actividades ilícitas más comunes de la pesca INDNR figuran el operar sin la autorización apropiada, capturar especies protegidas, utilizar aparejos ilegales o ignorar las cuotas de capturas.

Entre las medidas clave, que los Estados rectores de los puertos se comprometen a cumplir, destaca "que los barcos de pesca extranjeros que pretendan atracar estarán obligados a solicitar permiso con antelación en una serie de puertos especialmente designados, transmitiendo información sobre sus actividades y el pescado que llevan a bordo", subraya.

Asimismo, los Estados rectores de los puertos llevarán a cabo inspecciones regulares como el examen de la documentación del navío, de sus aparejos de pesca, de las capturas y del libro de bitácora, que puede a menudo desvelar si ha realizado actividades de pesca ilícita, afirma la nota de la FAO.

También deben garantizar que los puertos cuentan con el equipo adecuado y que los inspectores están bien formados, explica.

Otra de las medidas es que cuando a una embarcación se le niegue el acceso, los Estados rectores de los puertos deben difundir esa información públicamente y las autoridades nacionales del país de pabellón del navío deben tomar las medidas consiguientes.

Estas medidas se aplican a los barcos de pesca extranjeros que están bajo una bandera diferente a la de los Estados rectores de los puertos, sin embargo los países pueden también aplicarlas a sus propias flotas pesqueras, matiza.

"Las partes firmantes del acuerdo están obligadas a vigilar su cumplimiento de forma regular, y está prevista una revisión a fondo cuatro años después de que la entrada en vigor del Acuerdo", concluye.