Sídney (Australia), 3 jul.- La Fiscalía de Nueva Zelanda contrató a Christine Gordon, una de las principales expertas legales del país, para afrontar el proceso de extradición del fundador de Megaupload, Kim Schmitz o Dotcom, solicitado por Estados Unidos, informaron hoy medios locales.
Gordon, experta en Derecho criminal de la firma Meredith Connell, trabajará junto a Aaron Perkins en el proceso de extradición que empezará el próximo 6 de agosto, según el diario New Zealand Herald.
La Fiscalía, que actúa en representación de EEUU, incorporó a la letrada tras sufrir varios reveses como la reciente decisión del Alto Tribunal neozelandés de declarar ilegal el registro y la incautación realizada el pasado 20 de enero en la mansión de Dotcom en las afueras de Auckland.
Ese operativo policial, en el que se detuvo temporalmente a Dotcom y a tres ejecutivos de Megaupload, fue parte de una iniciativa internacional impulsada por Estados Unidos que incluyó el cierre de su portal, el embargo de sus bienes y otras detenciones en Europa.
El mes pasado la presidente del Alto Tribunal neozelandés, Helen Winkelmann, también ordenó al FBI que comenzara a copiar 150 terabytes de información que le fue confiscada a Dotcom a pesar de que queda pendiente la decisión sobre si esta información será proporcionada a la defensa del fundador de Megaupload.
El fallo de Winkenman siguió a un dictamen previo del juez David Harvey que determinaba que los abogados de Dotcom debían obtener las copias del material confiscado.
Dotcom y los tres ejecutivos de Megaupload detenidos en Nueva Zelanda, actualmente en libertad condicional, deberán afrontar mañana una vista para revisar la decisión de Harvey y resolver la situación en torno a la invalidez de las órdenes de allanamiento.
Estados Unidos quiere juzgar a siete ejecutivos de Megaupload, entre ellos los cuatro detenidos en Nueva Zelanda, de diversos delitos piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.
A Megaupload se le atribuye haber causado más de 500 millones de dólares (408 millones de euros) en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares (143 millones de euros).
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