La Fiscalía presenta una querella contra una fundación afín a UDC por apropiación indebida

Barcelona.- La Fiscalía ha presentado una querella por apropiación indebida y falsificación de documentos mercantiles contra quince personas, tres de las cuales ejercieron cargos de responsabilidad en la Fundación Catalunya i Territori, próxima a Unió Democrática de Catalunya (UDC).

Según el Fiscal, los máximos responsables de la Fundación urdieron una trama de casi una treintena de empresas, denominada en un primer eslabón 'Grupo de empresas IMS', gestionado por los principales querellados, y situaron en un segundo escalón a personas que "carecían de una real vinculación con las empresas, actuando al modo de testaferros".

En su escrito al Juzgado de Instrucción de Barcelona de guardia, el Fiscal presenta querella contra el presidente y los vocales de la Fundación Catalunya i Territori hasta el año 2007, Josep Boque, Joan Albert López Sans y Miguel Ángel Cortes, respectivamente, entre otras doce personas.

Una de estas personas es el administrador de la Constructora Pirenaica (Copisa), José Coronado Mateu, que destinó fondos de su compañía para pagar parte de la deuda de las empresas vinculadas a la Fundación en un montante de 1.183.472 euros.

Con el fin de justificar la salida de fondos desde Copisa hasta la Fundación, los querellados urdieron una nueva simulación de negocio en la que involucraron al también querellado Xavier Soriano Borràs, vinculado, a su vez, a la fundación afín a UDC.

Así, Soriano obtuvo un préstamo de un millón de euros de Copisa y, con este dinero, adquirió el crédito que ostentaba la Fundación frente al grupo IMS.

El importe total desviado desde la Fundación hacia el grupo empresarial IMS S.L. alcanza la cifra de 1.786.651,46 euros, cuyo destino final se ignora, indica el fiscal en su querella.

Otro de los querellados, el administrador de la firma Kontrast Produccions, Jordi Cuevas, vinculó durante la investigación de este caso al diputado de UDC Josep Sánchez Llibre con esta trama aunque la Fiscalía General del Estado archivó en marzo de este año las diligencias en relación con este político catalán.

No obstante, el fiscal indica en la querella que UDC resultaría "inicialmente concernida" en este caso por su condición de beneficiario a título lucrativo, en el supuesto de que a través de la instrucción judicial se acrediten los hechos que sustenta el fiscal.

La Fiscalía inició esta investigación a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y, posteriormente, se añadió un informe enviado por la dirección general de Derecho y Entidades de la conselleria de Justicia de la Generalitat, que ha recurrido a la vía civil para pedir la disolución de la Fundación Catalunya i Territori.

Según el escrito del fiscal, el grupo IMS solicitó además un crédito del Institut Català de Finances (ICF) de un millón de euros, que no se destinó a los fines que se hicieron constar cuando se pidió y los responsables del entramado empresarial presentaron facturas falsas libradas por empresas vinculadas a ellos mismos para dar apariencia de que el destino de los fondos era correcto.

El fiscal también detecta que los querellados López Sans y Cortes Gine idearon un mecanismo para defraudar a diferentes entidades bancarias a través de varias de sus sociedades pantalla, con la apertura de diferentes líneas de descuento en bancos y cajas de ahorro.

Estos dos querellados emplearon las líneas y los créditos abiertos para descontar en ellas un sinnúmero de facturas, todas falsas, emitidas desde las sociedades del primer escalón contra las del segundo nivel.

Los bancos y cajas perjudicados por estas operaciones son 24 y el montante defraudado se sitúa en 5 millones de euros o más, se indica en la querella.

La Fundación Catalunya i Territori mantenía relaciones de negocio con UDC ya que cinco de sus locales -en Tàrrega (Lleida), Lleida capital y Tarragona- estaban alquilados a este partido, aunque desde el año 2005 la propietaria no percibió ninguna cantidad del partido para el pago de los alquileres.