La industria busca apoyos políticos para suavizar la reforma energética

Madrid, 12 oct.- Las organizaciones industriales han comenzado a contactar con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para hacerles llegar sus propuestas de enmienda a la reforma energética, con el objetivo de suavizar una norma que, según el sector, minará su competitividad.

El Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética aprobado por el Gobierno en septiembre se encuentra actualmente en trámite parlamentario y con el plazo de presentación de enmiendas abierto hasta el próximo 18 de octubre.

Las organizaciones industriales han mostrado su rechazo a todos los impuestos recogidos en esta normativa, dado que consideran que encarecerán sus costes energéticos y eso repercutirá en una pérdida de competitividad y en una mayor deslocalización de las fábricas.

Por este motivo, las asociaciones y patronales han empezado a elaborar posibles reformas con las que minimizar el impacto de la normativa en sus sectores para remitirlas a los diputados y que éstos las incorporen en forma de enmiendas.

Las empresas fabricantes de ladrillos y tejas, agrupados en la patronal Hispalyt, ha presentado tres propuestas de enmienda a los diputados del Grupo Popular y CiU.

En primer lugar, Hispalyt pretende que no se aplique el impuesto para la generación eléctrica ni el "céntimo verde" al gas natural para el sector, algo que estaría permitido por la directiva europea que regula la fiscalidad de los combustibles fósiles.

En segundo, piden que no se aplique el "céntimo verde" a la cogeneración en el sector y, en tercero, que tampoco se grave con impuestos adicionales esta tecnología.

La agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) cree que la reforma "desangra" su sector y, por ello, va a pedir que se analice junto a la industria otro tipo de soluciones para el sistema eléctrico.

La patronal química Feique prepara propuestas de reforma dirigidas a minimizar el impacto de la redacción actual de la ley, estimado en 200 millones de euros, ya que considera que los "céntimos verdes" a los combustibles fósiles y los impuestos sobre cogeneración y electricidad "tocan de lleno" a la competitividad.

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) asegura que la reforma encarecerá la factura de la luz un 15 %, lo que tendrá un efecto "demoledor" sobre este sector industrial.

El presidente de la asociación, Andrés Barceló, ha señalado a Efe que confía en que la ley se reforme durante el trámite parlamentario porque "la solución al problema no es que paguen otra vez los consumidores industriales", al tiempo que ha pedido un marco regulatorio estable para la inversión industrial, "uno de los pilares que van a ayudar a este país a solventar la crisis".

La pasada semana, cinco organizaciones industriales firmaron una carta abierta al Gobierno en la que cifraban en 1.500 millones de euros el encarecimiento de los costes energéticos como consecuencia de la aplicación de la reforma, lo que podría provocar un proceso de desinversión y deslocalización industrial.

Estas organizaciones fueron la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (Feaf) e Hispalyt.

Esta semana, otras diez organizaciones se han sumado a la iniciativa en una carta titulada "La industria en riesgo" para alertar de que el encarecimiento de los costes energéticos pone en peligro la supervivencia del tejido industrial.

Las nuevas incorporaciones son las asociaciones de grandes consumidores (Aege), madera (Confemadera), metal (Confemetal), química (Feique), alimentación y bebidas (Fiab), cemento (Oficemen), textil (Consejo Intertextil Español), siderurgia (Unesid), cobre (Unicobre) y vidrio (Vidrio España).