La nueva directiva de mercados permitirá elevar sanciones hasta 5 millones

Santander, 28 jul.- La nueva directiva europea de mercados e instrumentos financieros permitirá elevar hasta 5 millones de euros las sanciones a quienes no cumplan las normas de conducta, frente al tope de 600.000 euros de la actual ley española del mercado de valores.

Además, según ha explicado la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Lourdes Centeno, por primera vez se dará a los supervisores europeos y nacionales potestad para prohibir la comercialización de productos que puedan suponer riesgos para el consumidor o para los mercados.

En su intervención en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Centeno ha destacado que la nueva directiva "armonizará" el régimen sancionador en Europa y permitirá imponer sanciones de hasta 5 millones de euros a quienes incurran en alguna de las conductas recogidas en el catálogo de infracciones.

La vicepresidenta de la CNMV ha subrayado la importancia de este cambio, porque el tope en la normativa española actual es de 600.000 euros.

También ha llamado la atención sobre otras medidas de la nueva regulación, que debe trasponerse a la normativa española y entrará en vigor en 2017.

Así, ha señalado que se concede a los supervisores potestad para prohibir o restringir la comercialización de productos cuando exista una "preocupación significativa" sobre la protección del inversor o una "amenaza" al funcionamiento ordenado de los mercados o para la estabilidad financiera.

La nueva directiva pretende avanzar también en la protección del consumidor, lo que permitirá abundar en las medidas impulsadas por los legisladores españoles para resolver las "deficiencias" del sistema financiero que, según Centeno, se han puesto de relieve por la crisis económica.

Entre ellas, ha señalado la colocación de productos no adecuados al perfil del inversor y, en algunos casos, sin realizar el test de idoneidad.

Centeno ha destacado que ya se han reforzado los procedimientos para evitar que se repitan situaciones como las surgidas por la comercialización de participaciones preferentes, pero cree que se puede seguir "mejorando" y, por ello, ha explicado que se están planteando más medidas para mejorar la información y protección al consumidor.

Por ejemplo, ha dicho que se estudia desarrollar un sistema de clasificación de productos financieros con una escala de letras y colores, y también, exigir a las entidades que proporcionen al cliente una proyección de los rendimientos estimados del producto que contratan, de sus riesgos y de los distintos escenarios posibles.

Para Centeno, todos estos cambios normativos se tienen que acompañar además de "mecanismos eficaces de restauración del daño" cuando se producen y, en este sentido, ha puesto el ejemplo del arbitraje sobre preferentes y deuda subordinada desarrollado por las entidades participadas por el FROB (Bankia, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia Banco).

Según ha señalado, de los 534.150 clientes minoristas afectados en estas entidades, el 80 por ciento solicitaron el arbitraje (424.661) y a principios de julio los expertos independientes habían admitido 303.190 solicitudes y se habían dictado ya 263.752 laudos positivos que afectan al 43 por ciento del importe reclamado.

La vicepresidenta de la CNMV ha reconocido la necesidad de una detección "más temprana" de prácticas de comercialización inadecuadas.

Y en este sentido, ha anunciado que se aumentará la frecuencia con la que las entidades deben remitir información al supervisor sobre las actividades relacionadas con clientes minoristas (actualmente es anual).

Para ello, la CNMV va a modificar las circulares sobre información reservada de las entidades de crédito que prestan servicios de inversión, y sobre estados contables, cuentas anuales e información reservada de empresas y servicios de inversión.

Por último, ha apelado también a la responsabilidad de los propios clientes para informarse y saber lo que están adquiriendo, ha apostado por la educación financiera de los ciudadanos y ha resaltado el paso que supone la inclusión de estos conocimientos en el currículo escolar.