Madrid, 16 may.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado hoy que las autoridades impongan a los particulares la obligación de obtener un certificado energético a la hora de vender o alquilar sus inmuebles y que supondrá un gasto de 250 euros por piso medio.
En un comunicado, la OCU ha calificado de "nuevas cargas" para los particulares, de "excusa para sacar dinero" y de "férreo control" a los arrendamientos de verano las nuevas normas dictadas bajo la etiqueta de "protección al consumidor".
Según la normativa aprobada por el Gobierno y que será exigible a partir del próximo 1 de junio a los propietarios que vendan o pongan en alquiler un inmueble, los propietarios de inmuebles de construcción posterior a 2007 deberán desembolsar unos 250 euros por un piso medio.
Ese dinero irá a parar a los profesionales encargados de expedir el certificado y a la tasa por registro del documento, según la OCU, que ha señalado que "la justificación" que se utiliza es que la exigencia viene de Bruselas y que tiene el fin de mejorar la eficiencia energética de los edificios.
En los últimos doce meses se han vendido 166.000 viviendas de segunda mano en España que equivaldrían a un coste para los propietarios de más de 41 millones de euros por el nuevo certificado, ha estimado la OCU.
Además, esta asociación ha criticado que se vaya a obligar a los propietarios que alquilan pisos en vacaciones a someterse al control de su comunidad autónoma y ayuntamiento bajo la amenaza de sanciones y con la excusa, según la OCU, de que estos arrendadores hacen una competencia desleal al sector hotelero o de que rebajan la calidad de la oferta turística.
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