La oposición andaluza pidió regular la financiación de las empresas públicas

Sevilla, 29 may.- La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) dice en su informe sobre los ERE fraudulentos que los grupos de oposición andaluces denunciaron a lo largo de una década el "procedimiento inadecuado" de financiación de las empresas públicas y la "necesidad de una regulación".

En dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, la Intervención del Estado ha analizado las enmiendas que entre 2001 y 2010 presentaron los grupos parlamentarios al Proyecto de Presupuestos de la Junta y concluye que, tanto en Comisión como en Pleno, la oposición hizo "frecuentemente, de forma repetida", observaciones sobre la "falta de control de las empresas públicas" como una "forma de no gestionar directamente el dinero de la Administración pública, en una manera también de evadir el control presupuestario".

Además denunciaron el "procedimiento inadecuado de financiación de las empresas públicas", intentaron "evitar que las empresas públicas absorban los presupuestos de la Junta" y quisieron evitar "la falta de transparencia del gasto público".

Según la IGAE, el Parlamento de Andalucía no pudo conocer las irregularidades en las ayudas que investiga la juez Mercedes Alaya porque la documentación que manejaba utilizaba "una terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equivoca".

La oposición también denunció en sus enmiendas la "absorción del presupuesto por las empresas públicas, absorbiendo bloques íntegros de funciones anteriormente desempeñadas por entes públicos de carácter administrativo" y la "delegación de funciones, con la pérdida de transparencia y en control que ello lleva consigo".

También criticaron la "utilización inadecuada y excesiva de la figura de la encomienda de gestión", la "huida del Derecho Administrativo" con instrumento de agilización y la "falta de rigor, transparencia y control del procedimiento e concesión de subvenciones", recuerdan los interventores del Estado.

En su respuesta, el Gobierno andaluz alegaba que el sistema criticado era el mismo que el de los Presupuestos Generales del Estado y que el PP, allí donde gobernaba, "no se exigía a sí mismo" los "mismos instrumentos de control, información y transparencia" que en Andalucía reclamaba a la Junta.

Los interventores precisan que aunque ciertas manifestaciones del Grupo del PP "podrían llevar a pensar que las irregularidades del programa 31L pudieran ser conocidas", la "gravedad de las afirmaciones" respondía a "términos propios del debate parlamentario", dice la IGAE.

En esas intervenciones "no se identifican las subvenciones ni los órganos que estuvieran cometiendo las irregularidades", según la IGAE, y añade que "no se puede inferir de ellas que la Comisión de Economía pudiera tener conocimiento alguno de que la presupuestación y gestión del programa 31L padecía de irregularidades", concluye el informe.