La R-3 y la R-5 estudian querellarse por las irregularidades con las radiales

Madrid, 17 ene.- Accesos de Madrid, la sociedad gestora de las radiales R-3 y R-5, no descarta acudir a los tribunales para querellarse contra jueces y funcionarios por prevaricación ante las supuestas irregularidades que se han cometido en perjuicio del sector concesional español y los impagos de la Administración.

Así lo ha señalado a EFE el director general de la sociedad José Antonio López, quien ha denunciado además los incumplimientos del Ministerio de Fomento a la hora de abonarles las ayudas financieras que les había prometido en concepto de préstamos participativos y cuentas de compensación, que en su caso ascienden a cerca de 116 millones.

En este contexto, y tras dos años de impagos, el directivo subraya que ambas autopistas de peaje -en concurso de acreedores- se encuentran en una situación "desesperada" en la que "cada día que pasa es un dato negativo más que incrementa la situación de orfandad" en la que dicen sentirse.

En el caso de que se deje caer a estas dos autopistas, que arrastran una deuda conjunta de 2.022 millones de euros, la responsabilidad patrimonial del Estado ascendería a 830 millones.

No obstante, y a pesar de que el importe que debería pagar el Estado al conjunto de las autopistas con problemas supera los 4.000 millones, López cree que probablemente será otro Gobierno, quizá dentro de 8 ó 10 años, el que tenga que hacer frente a este pago.

Por ello, insiste en que el hecho de que ninguna concesionaria haya recibido aún "ni un euro" ha sido un "golpe muy duro" para el sector y pone de manifiesto que "el Gobierno no tiene palabra".

A pesar de reconocer que puede llevar más tiempo conceder las ayudas a aquellas autopistas de peaje que se encuentran en una situación de insolvencia (desde el pasado mes de mayo 6 vías), López ha criticado que tampoco se hayan abonado al resto de autopistas, como es el caso de la R-2.

Todo ello a pesar de que 2011 se cerró con un remanente de los préstamos participativos de expropiaciones y de que el ejercicio 2012 se abrió con un presupuesto de 250 millones de euros para préstamos participativos, lamenta.

Tras mantener diversas reuniones con el departamento que dirige Ana Pastor, la pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Hacienda que, según fuentes del sector, es el que está paralizando el abono de estas ayudas.

Además de estudiar distintas acciones judiciales encaminadas a reclamar al Estado las cantidades que se ha comprometido a abonar, López no descarta tampoco tomar medidas ante las irregularidades en las expropiaciones.

Tras indicar que están pendientes de pagar 400 millones a los afectados por las expropiaciones, el directivo ha señalado que un determinado juez fijó en el año 2000 el precio del metro cuadrado de un terreno de la R-3 en 3.000 euros, lo que hace "absolutamente insostenible" la situación.

Con respecto a la propuesta del PP de incrementar a 140 km/h la velocidad en las autopistas de peaje, ha reclamado soluciones de "sentido común" a tenor de que estas vías son más segura que cualquier otra al tener menos incorporaciones y salidas.