La ue refuerza la seguridad jurídica de los divorcios entre ciudadanos comunitarios de distintas nacionalidades

Los divorcios entre ciudadanos comunitarios de distintas nacionalidades serán más seguros desde el punto de vista jurídico, gracias a una nueva normativa adoptada este viernes por los ministros de Justicia e Interior de los estados de la UE.
Su objetivo es limitar la búsqueda de "las jurisdicciones más ventajosas" y proteger a los cónyuges más vulnerables en caso de litigio. Según la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, "poner fin a un matrimonio es una experiencia ya de por sí traumática para cualquier familia a la que en el caso de las parejas internacionales, a veces se suman complicaciones adicionales, derivadas de la falta de claridad de las normas jurídicas".
Por este motivo, "el acuerdo de hoy facilitará la vida de las parejas que se enfrentan a un divorcio transfronterizo, reducirá el estrés y contribuirá a proteger al cónyuge más vulnerable", agregó.
Además, "marca un hito importante en la cooperación en áreas jurídicas complejas", prosiguió Reding, "lo que demuestra que somos capaces de encontrar soluciones pragmáticas a los problemas cotidianos", declaró.
Esta es la primera vez en la historia que los Estados miembros de la Unión recurren al mecanismo de "cooperación reforzada", que permite a un grupo de al menos nueve países hacer avanzar una medida importante aunque esté bloqueada según las reglas de voto normales.
Tras el acuerdo alcanzado hoy, el Parlamento Europeo tendrá que emitir un dictamen sobre la nueva norma, que el Consejo debería proceder a adoptar formalmente antes de finales de año.
El reglamento entrará en vigor 18 meses después de su adopción y se aplicará en 14 Estados miembros: Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
Aquellos países que deseen unirse a la cooperación reforzada existente pueden hacerlo en cualquier momento, tras informar al Consejo y a la Comisión.