La universidad, un 'mastodonte' de entidades, poco transparente y sin control

Las supuestas irregularidades cometidas por los profesores y líderes de Podemos, Juan Carlos Monedero e Iñigo Errejón, en sus puestos en las universidades Complutense de Madrid y de Málaga, respectivamente, han puesto de relieve la falta de supervisión en la universidad pública española, un mastodonte que se sostiene en más de 570 entidades y que resulta prácticamente imposible de controlar.Los casos Monedero -que no pidió permiso a la Complutense para hacer trabajos de consultor, que debería haber cobrado a través de la institución- y Errejón -que supuestamente incumplió un compromiso contractual con la Universidad de Málaga- han puesto nombres a un problema, que sin embargo es todavía más profundo y generalizado.El último informe del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza a las universidades españolas en el ejercicio 2012, constata importantes deficiencias en el funcionamiento de estas instituciones, en especial de tipo contable y presupuestario, y la dificultad en los controles de todos los organismos dependientes.No se puede acceder a todas las cuentas, saber cuánto personal trabaja y conocer que se hace en el más de medio centenar de instituciones que dependen de las universidades.El extenso informe, de 1.121 páginas, asegura, entre otras cosas, que resulta imposible conocer con exactitud los fondos manejados por buena parte de las 574 entidades dependientes, ya que no todas rinden cuentas adecuadamente. Sin embargo, el Tribunal destaca los enormes gastos que tienen -en torno a 530 millones- y que disponen de sus propios recursos humanos, cuyo número no aparece recogido en las estadísticas de personal al servicio de las universidades públicas.Además, destaca que las universidades no tienen inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones econónomicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes.También denuncia el órgano fiscalizador que las universidades, gracias a la posibilidad de poder crear empresas de transferencia tecnologica y de conocimiento, han constituido un entramado de entidades de tales proporciones y complejidad "que ocasionan la inoperancia en el control de las mismas".Las fundaciones universitariasLas entidades dependientes más numerosas son las fundaciones y, en este caso, el tribunal denuncia que en algunas ocasiones se pretende alterar, mediante donaciones por parte de empresas privadas, la dotación fundacional inicial. La consecuencia es que la universidad pierde la participación mayoritaria en la fundación y, como consecuencia, se elude el control público, ya que dejaría de ser catalogada como fundación pública autonómica.Además, señala, que existen casos en los que se constituyen entidades dependientes con forma jurídica societaria para eludir las limitaciones en la contratación de nuevo personal temporal fijadas en los presupuestos.El informe destaca que la creación de entidades dependientes -prevista para lograr una mayor eficacia en la gestión o la agilización de procedimientos- no siempre responde a los fines estipulados. Así, denuncia que la creación de sociedades instrumentales busca, en ocasiones, la huída deliberada de los controles internos, presupuestarios y de gestión y a "la búqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad en las decisiones que afectan al personal, la contratación y la ejecución de inversiones".Control interno y presupuestoSólo 39 universidades públicas, de las 47 que fiscaliza el informe, disponen de unidades operativas de control interno y el personal que se destina a este fin, apunta el informe, es insuficiente y con una cualificación poco adecuada.En cuanto los presupuestos, apunta que la mayoría de los ingresos proceden de la financiación pública y que seis de cada diez euros de gastos se destinan al pago de personal.Por último, destaca que los gastos de personal, en lo relativo a retribuciones del personal correspondiente a la investigación, se imputan y registran de forma generalizada en el capítulo 6 del presupuesto (invesiones reales), en lugar de en el capítulo 1 (gastos de presonal). Esta fórmula, apunta el informe, debería ser absolutamente excepcional.