Las autonomías empiezan la complicada poda de su red de empresas y fundaciones

AGENCIA EFE

La necesidad de ajustar sus Presupuestos al estrecho corsé impuesto por Bruselas está obligando a las administraciones autonómicas a desmontar el tupido entramado de fundaciones, entes y empresas públicas construído en los noventa al calor del crecimiento económico.

La Comunidad Valenciana ha asumido el papel de pionera y en los próximos días pretende llevar a cabo varios expedientes de regulación en su sector público empresarial para prescindir de hasta 3.000 trabajadores públicos. No será la única:

- Andalucía, adiós a 111 empresas públicas. La Junta puso sobre la mesa en 2010 un plan que pretendía ahorrar 115 millones de euros hasta 2013 con la supresión de más de un centenar de empresas públicas. El proceso ha afectado de un modo u otro a 24.000 trabajadores.

- Aragón reduce su sector empresarial en un 70%. El Gobierno de Aragón ha llegado a controlar o participar en 103 empresas. Hace unos meses lanzó un plan para desvincularse del 70%. De momento, ha liquidado diez, ha fusionado cuatro en dos sociedades, ha agrupado cinco bajo una misma Gerencia y ha traspasado algunas a sus socios promotores.

- Asturias también inicia el camino. El Gobierno del Principado ha anunciado la supresión del Instituto Asturiano de Estadística y del Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones; unificará el universo de fundaciones creadas para el fomento de la investigación; y recortará drásticamente el presupuesto de la televisión y radio públicas.

- Baleares, de 180 a 75 empresas. Si se cumplen sus previsiones, cuando acabe este año el Govern balear tendrá 75 empresas públicas, frente a las 180 existentes hace año y medio cuando José Ramón Bauzá (PP) llegó al Gobierno. Las arcas públicas se habrán ahorrado en el proceso 178 millones de euros.

- Canarias anuncia decisiones "muy duras". El Ejecutivo canario ha presentado un ERE en dos de sus empresas más representativas: Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) y Sociedad de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan). Antes ya había reducido en 1.370 trabajadores la plantilla pública con despidos en los medios de comunicación públicos.

- Cantabria, apenas una veintena de empresas. Ya era una de las regiones en la que el sector público empresarial tenía menos peso, pero eso no ha sido obstáculo para que el Gobierno regional haya decidido reducir su número de 45 a 23. ¿El ahorro para las arcas públicas? 28 millones de euros.

- Castilla-la Mancha, el reino de la tijera. Ha reducido sus empresas públicas de 25 a cuatro, está inmersa en un plan de reducción de entes que pretende dejar en 38 los 86 que había cuando María Dolores de Cospedal accedió al poder y ha eliminado el Consejo Económico y Social y su Oficina en Bruselas. Por el camino 5.000 interinos se han quedado sin empleo.

- Castilla y León, sólo cuatro empresas. Los Presupuestos de 2013 prevé la reducción de seis a cuatro de las empresas públicas dependientes del Gobierno regional y de trece a nueve de sus fundaciones.

- Cataluña, pionera en los recortes. Uno de los primeros anuncios que hizo Artur Mas al llegal al gobierno de la Generalitat fue que reduciría las empresas públicas y, de hecho, se aprobó un decreto en ese sentido en 2010. Sin embargo, no ha ofrecido datos sobre la marcha del proceso.

- Comunidad Valenciana, 3.000 empleados menos. El Ejecutivo de Alberto Fabra se ha embarcado en un duro ajuste del agigantado sector público empresarial y fundacional valenciano con el que pretende prescindir del 40% de su plantilla actual. La región se gastará entre 85 y 100 millones en los ERE pero pretende ahorrarse 300 millones de euros.

- Extremadura, pendiente de un informe. El gabinete de Monago ha encargado un informe previo antes de aprobar el plan de racionalización y reestructuración que afectará a las 36 entidades públicas existentes en la región. Hasta ahora, lo único que se ha hecho es fusionar dos fundaciones orientadas al fomento de la investigación científica.

- Galicia no necesita ajustes. El presidente gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, presume de tener sus cuentas saneadas y descarta para Galicia la "necesidad" de hacer ajustes tan severos como los de otras autonomías.

- Madrid, reducción del 43%. El Gobierno regional lleva reduciendo su sector público desde 2008 y ya ha eliminado 24 empresas -un tercio de las existentes- y 83 órganos consultivos, consorcios y fundaciones, un 42 % de los que hay, además de prescindir de figuras como el Defensor del Menor. Estas medidas han permitido ahorrar más de 1.100 millones de euros.

- Murcia despide al Defensor del Pueblo. El Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel ha extinguido figuras como el Defensor del Pueblo, ha privatizado la gestión de la televisión autonómica y ha eliminado la Entidad Pública del Transporte.

- Navarra ajuste sus consejos de administración. La reestructuración del sector público navarro permitirá pasar de 39 a 14 empresas públicas para ahorrar 28 millones de euros al año. Aún no se ha concretado la incidencia en las plantillas, pero ya hay 170 personas menos en los consejos de administración de las sociedades estarán formados por 170 personas menos.

- País Vasco, el ajuste pendiente. El Gobierno saliente de Patxi López no planteó tijeretazo alguno en las empresas públicas. Queda en el aire hasta la constitución del nuevo Gobierno si Euskadi también aplica recortes en su sector público.

- La Rioja también ahorra en empresas. Pedro Sanz pretende ahorrar 4,3 millones con el paquete de medidas anunciadas el pasado mes de julio para eliminar entes públicos.Por el momento, ha dejado sin actividad al Consejo Económico y Social y al Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud, y ha eliminado los servicios autonómicos de empleo y juventud.

- Ceuta y Melilla piensan distinto. La Ciudad Autónoma de Ceuta pretende reducir de diez a cuatro sus sociedades municipales, mientras que Melilla descarta reestructurar su sector público y reducir sociedades, ya que cree que la Administración está "dimensionada".