Las prácticas anticompetitivas en la contratación pública cuestan cada año más de 3.000 millones

Evitar las prácticas contrarias a la competencia en los procesos de contratación pública podría ahorrar a las arcas públicas más de 3.000 millones de euros al año, según el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer.
El supervisor presentó este lunes una "Guía sobre contratación pública y competencia" dirigida a las administraciones públicas. El objetivo es dotarlas de los instrumentos precisos para identificar cuándo se producen casos de colusión entre oferentes a licitaciones.
La CNC parte de la base de que en cerca del 10% de los concursos y subastas se dan restricciones a la competencia; unas prácticas que incrementan los precios de estos procesos aproximadamente un 20%.
Además, el peso de la contratación pública es de cerca de 150.000 millones de euros al año y, según datos de 2008, supone un 14,9% del PIB español.
Algunas de las prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia en las que incurren las empresas cuando se presentan a un concurso público son pactar cuál va a ser la ganadora (de modo que las demás retiran su oferta, plantean una candidatura que no cumple los requisitos o parten de un presupuesto desorbitadamente alto o bajo); turnarse a lo largo del tiempo en la presentación de la oferta ganadora; repartirse áreas geográficas; subir de modo generalizado los precios por igual con respecto a licitaciones previas y sin que haya un aumento de costes que lo justifique; y realizar estimaciones de costes de determinadas partidas idénticas y poco realistas.
En estos casos, el funcionario que detecte la existencia de colusión entre candidatos de una licitación deberá ponerlo en conocimiento de la CNC y considerar la conveniencia de suspender la licitación. Además, habrá de colaborar en la investigación que se abra, aportando la documentación que se le requiera.
Según explicó Berenguer, este tipo de conductas se producen en concursos y licitaciones de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) y de modo generalizado en todos los sectores. No obstante, recordó las dos sanciones impuestas en el sector sanitario por este tipo de conducta (una en relación al mercado de la ortopedia y otra en el de las vacunas) y el expediente abierto en 2010 contra 53 empresas del sector de la construcción por el posible reparto de licitaciones y fijación de precios en concursos públicos para la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras.
Según Berenguer, los contratos de mayor embergadura suelen ser objeto de más acuerdos entre empresas, al igual que "hay tendencia" a que los contratos se adjudiquen a empresas de la comunidad autónoma que contrata.
La guía incluye, asimismo, pautas para que las convocatorias de los concursos sean lo más abiertas posible (eliminando barreras de entrada desproporcionadas, valoraciones inadecuadas de los requisitos, etcétera) de modo que pueda optar la mayor cantidad de empresas en igualdad de condiciones.