Ley de emergencia fiscal con que P.Rico busca ahorrar 1.350 millones dólares

San Juan, 18 jun.- La nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, que declara una emergencia fiscal en Puerto Rico, establece recortes de gasto que afectan a todo el sector público, el mayor empleador de la isla, y que busca un ahorro de unos 1.350 millones de dólares el próximo ejercicio fiscal.

Tras su aprobación por parte del Senado y la Cámara de Representantes, el gobernador Alejandro García Padilla firmó anoche la polémica Ley, que ha puesto en pie de guerra a algunos de los sindicatos con representación en las mayores compañías estatales, ya que introduce cambios en los convenios colectivos vigentes para recortar algunos derechos adquiridos.

Aquí algunos datos sobre la ley y las medidas que establece:

El texto exige que todas las entidades públicas gasten al menos un 10 % en la contratación de servicios, congelen cualquier reclutamiento de personal y aumento de salarios y reduzcan al menos un 20 % lo que pagan a quienes ocupan puestos de confianza.

Una de las partes más controvertidas y que mayor descontento ha provocado entre los sindicatos es el Artículo 11 sobre Concesión de Aumentos en Beneficios Económicos o Compensación Monetaria Extraordinaria.

Señala ese artículo que durante la vigencia de la ley el tope en la paga de Navidad será de 600 dólares y la de verano de 200, mientras que no se pagarán más bonificaciones por productividad, puntualidad, días festivos o cualquier otro motivo.

Se pone fin también a las liquidaciones por acumulación de vacaciones y días de enfermedad no tomados y se exige a las empresas que dejen de permitir la acumulación de esos días.

Además, se eliminan todas las cláusulas de los convenios colectivos que limiten la reasignación de tareas y horarios para los empleados, con el objetivo de evitar que haya trabajadores sin trabajar porque no se les pueden encomendar tareas diferentes a las específicas para su puesto.

Igualmente, se prohíbe incurrir en gastos extraordinarios como concesión de días y horas libres con paga sin justificación o cursos de formación que impliquen costes adicionales.

Aunque algunos sindicatos siguen negándose a aceptar estos cambios y prevén medidas de protesta, muchos otros ya habían pactado previamente con el Gobierno los cambios en sus respectivos convenios colectivos.

Entrada ya esta ley en vigor, el Gobierno destinará en el próximo ejercicio fiscal (que comenzará el 1 de julio) el 15 % de su presupuesto a pagar nóminas de empleados públicos (1.482 de los 9.640 millones de dólares del presupuesto).

Además, el Gobierno ahorrará 92 millones de dólares en aportaciones al sistema público de pensiones,

La nueva Ley contempla el cierre de 80 escuelas públicas -para reducir una red sobredimensionada tras la caída del alumnado-, renegociar la contratación de las rutas escolares y dejar sin cubrir las bajas por jubilación o las plazas que no sean indispensables, lo que, según el Gobierno supondrá un ahorro de 296 millones de dólares anuales.

También se eliminan las escoltas a los altos cargos públicos, con excepción del gobernador, el jefe de la Policía y los secretarios de Estado, Justicia y Corrección, y se restringen a lo indispensable los viajes al extranjero de los miembros del Ejecutivo.

Se prohíbe la contratación en el Gobierno de servicios profesionales que superen los 100.000 dólares en un mismo año fiscal sin la autorización del gobernador y se dejarán de pagar con fondos públicos facturas de teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos.

Además, se revisarán contratos de arrendamiento, tratando de suprimir los posibles, se promoverá el consumo prudente de energía, se congelan los presupuestos del poder judicial y legislativo, así como el de la universidad pública, los municipios y las entidades autónomas.

La idea es que esta ley de emergencia fiscal esté vigente hasta que la deuda vuelva a estar en el grado de inversión (deje de ser considerada "chatarra"), se prevea volver al crecimiento económico, de al menos un 1,5 %, o se cierre un ejercicio fiscal sin haber incurrido en déficit.