Nueve guaraníes se beneficiaron con "libertad irrestricta" y otros 17 con medidas sustitutivas como la prohibición de reunirse entre ellos o volver a cortar rutas, según el fallo dictado la noche el miércoles por la jueza Zulema Javier, del municipio de Santa Cruz, 900 km al este de La Paz, y que fue difundido el jueves.
El Ministerio Público, coauspiciado por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los acusaba de asociación delictuosa, atentado contra el libre tránsito y lesiones graves y leves contra al menos siete policías que despejaron la ruta con el uso de gases lacrimógenos.
El fiscal que intervino en la operación, José Morales, informó al diario Página Siete que "la Policía arremetió con al menos media tonelada de proyectiles de gas a los indígenas, los mismos que sólo contaban con agua y con algunas piedras para defenderse".
El incidente se registró el martes, cuando unos 300 nativos cortaron la carretera que une la ciudad de Santa Cruz, la capital económica de Bolivia, con el poblado de Yacuiba, fronterizo con Argentina.
La estatal petrolera YPFB tiene planeado realizar exploración petrolera en el territorio de Takovo Mora, donde ya perforó 2 pozos y tiene planeado realizar 18 más, buscando gas y petróleo.
El Estado está obligado a consultar a los indígenas para que den su autorización o aval a cualquier explotación de la riqueza hidrocarburífera. Si aceptan, se procede a una negociación para una compensación económica.
Bolivia suscribió además el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas que también establecen la necesidad de consulta.
Según explicó el presidente Evo Morales, la consulta previa con las comunidades indígenas está garantizada, pero sin chantajes ni condicionamientos.
"Vivimos del gas, de los hidrocarburos y, de no prevenir la exploración ahora, podríamos quedarnos sin gas en 2025. Vamos a continuar en la exploración a pesar de la protesta de pequeños grupos", aseguró Morales el jueves en conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, y sostuvo que, en el pasado, esos recursos eran malversados por los dirigentes.
"Que la compensación no sea en plata (dinero), que sea en obras", planteó Morales, que durante décadas fue líder sindical. La actual exploración se hace en una propiedad privada y no en territorio indígena, señaló.
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