Los ajustes de personal en el sector público se cobran 230.000 empleos

¿Y qué pasa con el empleo público? No es una pregunta retórica de naturaleza periodística, que también, es una de las cuestiones habituales que los técnicos del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (la temible troika) ponen encima de la mesa en sus reuniones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según se reconoce desde el propio Gobierno.

Tras cuatro años de crisis financiera y dos de operaciones de rescate a países, es público y notorio que el recorte de funcionarios es una de las medidas estándar que figuran en el catálogo de ajustes que la troika impone a los países que reciben asistencia financiera.

Hasta hace apenas unos meses, además, la principal referencia sobre la evolución del empleo público en España, la Encuesta de Población Activa (EPA) no había hecho otra cosa que alentar las recomendaciones de la troika en este sentido.

Desde que en mayo de 2010 Bruselas declarara oficialmente inaugurado el tiempo de los ajustes en Europa, los anuncios de recorte de funcionarios en muchos grandes países del continente han venido conviviendo con una persistente y sorprendente tendencia al alza en la cifra de trabajadores a sueldo de la Administración en España.

Traducido a cifras, entre junio de 2010 y septiembre de 2011 el número de empleados públicos se incrementó en nada menos que 135.000 personas hasta alcanzar un hito llamativo en época de apreturas presupuestarias. En el tercer trimestre de 2011, el número de asalariados públicos marcó su récord histórico alcanzado los 3.220.600.

La tendencia empezó a cambiar inmediatamente después y la prueba es que los últimos datos publicados hoy de la EPA revelan que en los últimos doce meses elnúmero de ocupados a sueldo del sector público se ha reducido en 228.800 personas.

La cifra supera los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda, que había registrado una reducción de personal público en el trancurso de 2012 de unas 50.000 personas (11.000 menos en la Administración del Estado; 50.000 menos en los ayuntamientos; y 9.500 más en las autonomías).

Hay que aclarar que el registro del INE, a diferencia del Registro Central de Personal con el que se maneja Hacienda, no recoge únicamente a funcionarios, interinos y empleados públicos temporales sino a todo aquel trabajador cuyo sueldo dependa del sector público, aunque el trabajador en cuestión esté a sueldo de una empresa privada.

Sin embargo, el dato de la EPA es el único referente del que se dispone a día de hoy para evaluar el impacto real de las políticas de no reposición de vacantes, no renovación de relaciones laborales temporales y despido de interinos que se han venido ejecutando en los tres niveles de las administraciones públicas, estatal, autonómico y local.

El motivo de que esto sea así es que desde principios de 2011 no se actualiza el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, el documento oficial que hasta hace un año informaba semestralmente de las variaciones en las plantillas de las Administraciones Públicas.

El principal responsable del Registro, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, atribuyó hace unos días esta situación a la reforma del Registro, ya que, en su opinión, no reflejaba con fidelidad la cifra de empleados públicos que había en España.

Hacienda ya ha comenzado a trabajar en la nueva metodología y, de momento, ha aflorado 50.000 trabajadores del sector universitario que no figuraban en el Registro.

El recorte de empleo público que refleja la EPA se ha distribuído de forma bien diferente según la comunidad autónoma.

Los ajustes más duros se ven en la Región de Murcia (-17%) y Castilla-La Mancha (-16%), mientras que en Asturias, La Rioja o País Vasco el número de asalariados públicos se ha incrementado en los últimos doce meses.

La EPA no distingue el origen de cada empleo y, por tanto, no se puede determinar si se trata de trabajadores del Estado, las autonomías o los ayuntamientos, pero sí parece mostrar cuales han sido las comunidades más activas en sus programas de ajuste de empleo.