Los cambios a la ley de estabilidad presupuestaria se enfrentan a cinco vetos

Madrid, 29 ago.- PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-Cha-ICV), BNG y ERC han registrado en el Congreso enmiendas a la totalidad del proyecto de ley que modifica la ley de estabilidad presupuestaria, para adaptarla a los mecanismos extraordinarios destinados a financiar autonomías y ayuntamientos.

Los cinco partidos consideran que con estos cambios se aumenta el control y la posibilidad de intervención del Estado en los presupuestos de las comunidades autónomas, a cambio de prorrogar los plazos para acceder a los mecanismos extraordinarios de liquidez puestos en marcha por el Ejecutivo.

Para el PSOE, la modificación de la ley, que implica nuevas exigencias de información por parte de las autonomías o la obligación de disponer de planes de tesorería, entre otras, supone una "vuelta de tuerca" al control e intervención del Estado en su autonomía financiera y presupuestaria.

Considera además que en el proyecto no se definen las nuevas exigencias, ya que no precisa el límite legal del control que la Intervención General del Estado podrá ejercer sobre las comunidades autónomas.

También critica que las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez se puedan prorrogar más allá de 2012, porque pone de manifiesto que el Gobierno "reconoce que lo extraordinario se puede convertir en ordinario".

Por su parte, CiU recuerda que España ha pactado con la UE la flexibilización de los objetivos de déficit público para el periodo 2013-2015 y le sorprende que lo que el Gobierno ha pedido a Europa para España, lo niegue después a las comunidades autónomas.

Asimismo, critica que el Ejecutivo "endurezca" una ley cuando sólo han pasado tres meses desde su aprobación y también se modifiquen las condiciones del fondo de liquidez autonómica a menos de un mes de su aprobación.

CiU concluye que el proyecto constituye un "abuso de posición" de control que vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

En el mismo sentido, la Izquierda Plural ha pedido la devolución del proyecto de ley porque cree que "intensifica" la disciplina fiscal y financiera de las administraciones territoriales y acentúa el "abuso de posición" de control del Gobierno respecto a las comunidades.

Para este grupo parlamentario, poner a las comunidades autónomas que soliciten ayuda financiera bajo ese tipo de supervisión afecta al "núcleo básico fundamental" de su autonomía.

El BNG piensa que lo que en realidad se pretende con este proyecto de ley es estrechar todavía más el margen de maniobra de las comunidades autónomas que tienen atribuida la competencia y obligación de prestar los servicios públicos esenciales a los ciudadanos.

ERC justifica su rechazo porque la modificación que se pretende de la ley supone "mayor ahogo" a las comunidades y a la suspensión de derechos "de facto", como los reconocidos por la ley de la dependencia.