Los consumidores se harán cargo en sus facturas del bono social

Los consumidores costearán a partir de abril el bono social, el mecanimo que el Gobierno puso en marcha para ayudar a colectivos como los pensionistas, las familias numerosas o con todos sus miembros en paro que hasta ahora asumían las eléctricas y que pasará a los costes del sistema eléctrico y será financiado con la factura de la luz.
En rueda de prensa en el Ministerio de Industria, el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, señaló que el Gobierno continuará trabajando en “medidas adicionales” contra el déficit eléctrico, a pesar las anunciadas hoy por el Consejo de Ministros entre las que se encuentran una subida del 7% en la factura de la luz y del 5% para el gas.
Desde Industria indicaron que las medidas de “carácter urgente” anunciadas hoy por el Gobierno se deben a la obligatoriedad impuesta al Gobierno por los autos del Tribunal Supremo de refacturar la TUR desde octubre del pasado año y su decisión de eximir a las eléctricas de hacerse cargo del bono social, auto que recurrirá la Abogacía del Estado, según anunciaron desde el Ministerio.
Para intentar poner fin al déficit tarifario el Gobierno atajará el problema también a través de la reducción de los costes del sistema eléctrico, que se llevará a cabo en varias partidas como en la distribución, unos 700 millones; pagos por capacidad por 80 millones; operador del sistema, otros 20; Comisión Nacional de Energía (CNE); ingresos remanentes del Idae; en transporte unos 200 y otros 50 millones en la reducción de restricción por garantía del suministro, y 60 para la interrumpibilidad, lo que supone unos costes reducidos de 1.700 millones de euros.
En este sentido, de forma “excepcional” se procede a minorar la retribución de la actividad de distribución, a la no retribución de las instalaciones ya amortizadas y a una reducción proporcional a empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes, según las mismas fuentes.
Con respecto al sector gasista, entre las medidas para paliar el “incipiente déficit” se encuentran la suspensión de nuevas plantas de regasificación en la Península ante su “poca utilización”, la suspensión de la autorización administrativa de gasoductos planificados y la no retribución provisional para almacenamientos subterráneos.
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo también informaron de que se procederá a evitar la acumulación en más de un año de las anualidades devengadas para almacenamientos subterráneos y que el secretario de Estado pueda condicionar contratos de operación y mantenimiento de estas instalaciones.
Sobre los peajes, las novedades son la modificación del sistema retributivo de los almacenamientos subterráneos, la eliminación de incentivos al contratar la capacidad de los gasoductos a corto plazo, limitar la posibilidad de interrumpibilidad a las zonas congestionadas y la eliminación de la opción de retribución específica de la retribución.
De no acometer estas medidas el departamento de Industria calcula que para 2.015 la evolución del sector gasista avanzaría hasta alcanzar los 2.615 millones de euros.
El secretario de Estado no descartó la posibilidad de establecer una tasa nuclear o hidráulica durante los próximos meses, ya que “estamos estudiando muchísimas medidas, todas las posibles”.