Atenas.- Los expertos de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentan hoy oficialmente sus recomendaciones al Gobierno griego sobre las reformas que debe de acometer el país en los próximos meses.
De la aplicación de esas medidas depende que el país siga recibiendo nuevos tramos del crédito internacional de 110.000 millones de euros acordado por los demás socios de la eurozona y el FMI para salvar al país de la bancarrota.
En la rueda de prensa que concederá después de la reunión que está mantenido con los expertos internacionales, el ministro Yorgos Papaconstantinu va a revelar las próximos reformas adicionales del Gobierno para sanear la economía.
Según fuentes del ministerio de Finanzas, los expertos presionan al Gobierno helénico para que acelere las reformas estructurales y limite más aún el gasto público, emprenda la privatización de sectores estratégicos como el de la energía y los ferrocarriles, y liberalice las profesiones "cerradas".
Aunque el desembolso de 9.000 millones de euros en septiembre dentro del próximo tramo crediticio es casi seguro, los expertos insisten que hay que tomar medidas adicionales para reformar la Seguridad Social, luchar contra la evasión fiscal y el "despilfarro" en el sistema sanitario y la administración.
Uno de los puntos que más preocupa a los expertos, es la inflación generalizada y la contracción de los ingresos por el IVA y los impuestos, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos recortes presupuestarios.
La filtración a la prensa de las exigencias de los auditores internacionales ha suscitado ya la ira de varios sectores afectados por posibles recortes.
Abogados, notarios, ingenieros, transportistas, funcionarios y, sobretodo, los empleados del sector energético, han subrayado su determinación de plantar batalla a los planes de liberalización del Gobierno.
El Ejecutivo griego, que consiguió el fin de semana pasado imponerse a los transportistas en una huelga que casi inmovilizó al país por la falta de carburantes, se enfrenta ahora con los empleados de la Sociedad Eléctrica (DEI), que ya han amenazado con "apagar el interruptor" en caso que se trate de privatizar el 40% del ente público.
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