Los inspectores de Hacienda piden que el dentista y los arreglos caseros desgraven

"¿Con IVA o sin IVA?". Si alguna vez ha llevado usted su vehículo al taller, ha sufrido algún tipo de pequeña catástrofe casera, se ha mudado de domicilio o incluso si ha tenido que organizar una boda, es más que posible que se haya encontrado con esta pregunta a la hora de pagar por el servicio recibido.

Probablemente ni siquiera se haya sorprendido de la situación. No es una de esas cuestiones que se formula en voz baja y en tono confidencial, como queriendo mantenerla en secreto, sino que se presenta como un trámite más. Si la respuesta es "sin IVA, por favor", el profesional de turno apuntará el coste del servicio en una especie de recibo o en una simple hoja de papel y la transacción nunca habrá existido a ojos de la Hacienda Pública; si, por el contrario, contesta "no,no, con IVA", le obligará a sacar su libreta de recibos y a sumar a la cuenta inicial el 10% o el 21% que corresponde abonar por el impuesto, es posible que hasta con una mueca de molestia.

El asunto es algo tan habitual que se ha convertido en el paradigma de la tolerancia de España con el fraude fiscal y la economía sumergida, y, sin embargo, es un gravísimo problema que detrae todos los años miles de millones de euros a las arcas públicas.

Según un reciente informe de la Comisión Europea, la Hacienda Española perdió en 2011 más de 15.200 millones de euros por la falta de controles eficaces para detectar y castigar fraudes en materia de IVA.

¿Cómo combatir una práctica tan arraigada? La organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado le ha dado muchas vueltas al asunto, ha recabado la opinión de sus asociados (cerca de 2.000 inspectores de hacienda que se han encontrado con todo tipo de situaciones a lo largo de su carrera profesional) y cree haber encontrado un remedio que, si no eliminar la práctica, sí podría dificultarla significativamente.

Su propuesta es permitir que los contribuyentes se puedan desgravar en su Declaración de Rentauna parte de lo pagado al dentista, el fontanero, el servicio doméstico y toda una serie de profesionales proveedores de servicios en los que se sospecha que existe un nivel relevante de fraude o que el sistema no lo previene eficazmente.

Aquí entrarían determinados servicios médicos prestados al margen del sistema sanitario público (dentistas, protésicos, fisioterapeutas...), los profesionales del sector de las reparaciones domésticas, los servicios de asistencia en el domicilio, academias de formación y también empresas de organización de grandes eventos como bodas, etcétera.

Lógicamente, para poder obtener esa desgravación fiscal el contribuyente tendría que acreditar la percepción de ese servicio con la correspondiente factura. Ésta es la clave del sistema.

Según el presidente de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, la medida crearía un poderoso incentivo para que los contribuyentes se acostumbren a pedir sistemáticamente la factura por los servicios que reciben... y, por tanto, impediría que determinados profesionales ocultaran a ojos de Hacienda parte de su actividad.

"La medida tendría grandes ventajas. Mejoraría la recaudación fiscal, porque los contribuyentes exigirían a los profesionales recibir las facturas con IVA; pero también afloraría actividad sumergida podría elevar los ingresos por cotizaciones sociales e incluso el empleo, porque diluiría la ventaja competitiva que obtienen determinados profesionales sumergiendo su actividad", señala el presidente de la organización profesional de inspectores.

Claro que para conseguir esos objetivos la formulación de la medida debería ser la adecuada. Es decir, la desgravación fiscal debería ser lo suficientemente generosa para eliminar la ventaja que podría obtener un contribuyente por no pagar el IVA de una factura.Hacienda lo está estudiando

Los inspectores de Hacienda plantearán esta iniciativa al Gobierno dentro de un extenso documento de 308 páginas con propuestas de medidas específicas para luchar contra el fraude fiscal que presentarán al Ministerio de Hacienda en los próximos días, según ha podido saber lainformacion.com.

Sin embargo, no son los únicos que están planteando la desgravación de determinados gastos como manera de combatir el fraude fiscal.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, planteó poco antes del verano, aunque de forma algo más imprecisa, la utilización de incentivos fiscales para combatir la economía sumergida y evitar la competencia desleal que tienen que sufrir las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no tardó en recoger el guante lanzado por la principal organización empresarial del país y accedió a estudiar en el marco de la reforma fiscal alguna medida dentro del IRPF para combatir el fraude.

Según publicaba hace unos días el diario Expansión, el Ministerio de Hacienda avanzó a la Asociación de Familias Numerosas su intención de establecer una desgravación en el IRPF para los gastos derivados de la contratación de personal en el hogar con el objetivo de aflorar una parte del empleo sumergido que se sospecha que hay en este ámbito.

Los cambios en el Régimen de la Seguridad Social de este tipo de profesionales han conseguido regularizar a 300.000 trabajadoras, pero se sospecha que como mínimo hay otras tantas que continúan realizado sus funciones fuera del radar de los poderes públicos.