Pagar a confidentes, irrumpir por sorpresa en las dependencias de una empresa o en el domicilio de un particular de los que se sospecha que están cometiendo un fraude fiscal o abonar grandes sumas de dinero para adquirir en el mercado negro información relevante sobre grandes defraudadores españoles con cuentas en paraísos fiscales.
Todo esto es lo que aspiran a poder hacer en un futuro los inspectores de Hacienda de la Agencia Tributaria española.
Así lo han dejado escrito negro sobre blanco en su propuesta de reforma del Estatuto Orgánico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que han presentado este lunes en Madrid.
El instrumento que sostendría toda esta nueva operativa sería una nueva Policía Fiscal, una idea que la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ya ha planteado en el pasado, pero a la que esta vez ha dotado de un contenido sin precedentes.
Esta Policía Fiscal se ocuparía de investigar el fraude más complejo y difícil de perseguir: las tramas organizadas, las redes de contrabando, las operativas para blanquear dinero y, además, sería la encargada de auxiliar a los jueces en sus investigaciones sobre este tipo de delitos que llevan aparejadas cuantiosas pérdidas para las arcas públicas.
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La Organización de Inspectores de Hacienda entiende que su puesta en marcha no entrañaría demasiadas dificultades operativas, ya que se aprovecharía la estructura existente ya en los Servicios de Vigilancia Aduanera, que son los que tienen una operativa más cercana a la policial y que cooperan regularmente con las Fuerzas de Seguridad: Policía Nacional y Guardia Civil.Fondos reservados
No por conocida, porque ya la plantearon hace más o menos un año, una de las ideas más revolucionarias que plantea la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado - asociación profesional que aglutina a más del 90% de los profesionales en ejercicio- es la creación de Fondo Reservado que les permita pagar por información relevante que permita revelar grandes casos de fraude fiscal.
La archiconocida Lista Falciani, que consiguió desenmascarar a 659 españoles que tenían depositadas a espaldas del Fisco elevadísimas cantidades de dinero en la sede suiza del banco HSBC, permite hacerse una idea de la eficacia de este método.
Según los inspectores de Hacienda que mejor conocen este clase de operativas, hay todo un mercado negro de información bancaria sobre grandes fortunas presuntamente clasificada como secreta, que hackers y antiguas empleados de la gran banca internacional enfadados con sus antiguos jefes o con alma de Julian Assange (responsable de wikileaks) están ofreciendo al mejor postor.
En otros países esta práctica está más que asumida. Estados Unidos llegó a pagar 104 millones de dólares a un ex empleado de un banco suizo para obtener información sobre contribuyentes norteamericanos que escondían en el pequeño país centroeuropeo jugosas cantidades de dinero a espaldas del Fisco y distintos estados alemanes también han recurrido a pagar a confidentes para obtener información de contribuyentes con cuentas en países con secreto bancario.
Lo que proponen los inspectores de Hacienda es disponer también de esta posibilidad y no tener que depender de que un tercer país acceda a compartir esa información, como ocurrió con la Administración Tributaria francesa en el caso Falciani.
Ese dinero también podría utilizarse para operaciones de menor escala, es decir, pagos a confidentes para obtener información fiscal relevante que denote algún tipo de comportamiento irregular.
Pero, ¿y los riesgos? "Somos conscientes de que con este tipo de fondos siempre hay un peligro real de que se den casos de malversación", concede el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, "pero no pedimos nada especial, simplemente que se nos conceda el mismo régimen que existe en el Ministerio de Interior para la Policía Nacional o la Guardia Civil, con los mismos controles que existan en esos casos".Inspección sin preaviso
Probablemente estén cansados de ver como en las películas policiacas audaces agentes de la ley y el orden ven coartada su capacidad de acción por el incómodo trámite de necesitar una orden judicial para irrumpir en el lugar donde se está cometiendo un delito.
En el caso de los inspectores de Hacienda la cosa está aún más limitada, ya que tienen la obligación legal de anunciar con antelación que se van a personar en las dependencias de una empresa o el domicilio de un particular a realizar una inspección, porque sospechan que hay algo que no termina de cuadrar.
Se pueden imaginar de qué modo puede influir un preaviso que no es de minutos ni de horas sino de días sobre la eficacia de la inspección que se va a realizar.
Para superar esta limitación, los inspectores de Hacienda han solicitado al Ministerio que dentro del nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria recojan la posibilidad de realizar inspecciones por sorpresa en determinados casos, cuando se acumulen indicios claro de fraude y con todas las garantías legales.
Los inspectores pretender poder realizar también inspecciones de incógnito, es decir, sin la obligación legal que también tienen ahora de identificarse.
A día de hoy un inspector de Hacienda debe siempre identificarse antes de realizar cualquier acción. Lo que pide la organización es regular claramente en la ley una serie de supuestos concretos en los que el inspector podría obtener información sin la necesidad de identificarse previamente.
Pero hay más. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado considera que se debería ser mucho más contundente con los intermediarios, los despachos de asesores fiscales o las entidades financieras que ofrecen a sus clientes estrategias ilegales de planificación fiscal.
En esa línea, plantean tipificar como infracción tributaria o delito el ofrecimiento de servicios o productos orientados al fraude fiscal. Basta darse una vuelta por internet para constatar que hay numerosas páginas web que ofrecen este tipo de servicios.
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