En plena discusión sobre la llegada de los fondos y su transparencia, los ministerios de Industria, Economía y Trabajo siguen trabajando para preparar la llegada de la ingente cantidad aprobada por Bruselas. Una realidad que ha provocado que los ministerios económicos mencionados hayan gastado ya 50 millones de euros en subcontratar compañías para la gestión, la promoción y el control de las ayudas ante la insuficiencia de medios con los que cuenta la Administración. Normalmente, se trata de tareas técnicas o específicas de promoción o valoración que no se realizan dentro de los cuadros de la Administración Pública y es necesario encargarlos a empresas especializadas.
Así, y según se puede apreciar en el portal de contratación del Estado, el ministerio de Asuntos Económicos dirigido por Nadia Calviño se ha gastado más de 30 millones. Por otro lado, el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha movilizado una suma cercana a los 15 millones. Dos cantidades sensiblemente inferiores al liderado por el de la ministra de Industria Reyes Maroto, que apenas alcanza los cinco millones.
Pese a que los fondos siguen llegando, los contratos de subcontratación siguen. Así, el último contrato adjudicado fue el pasado 16 de octubre y lo llevó a cabo el Ministerio de Economía. La cifra total fue de 345.000 euros y la empresa que lo recibió fue Sra Rushmore. Una adjudicación que fue además negociada sin publicidad. El ministerio de Calviño justificó que necesitaba un servicio de adaptación y desarrollo de la creatividad y producción de piezas adicionales para la difusión del Plan de Recuperación porque carecía "de personal adecuado".
La subcontratación más costosa para el ministerio de Trabajo fue de 11,6 millones de euros. Se empleó para buscar apoyo informático. "Las restricciones de plazo impuestas en el marco del Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia, en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social participa en cinco componentes, con unas inversiones para los tres próximos años por importe de más de 2.500 millones de euros, hacen que sea necesario ejecutar las presentes actuaciones sin dilación", argumentaron el pasado junio. Sin embargo, la adjudicación todavía sigue abierta.
En cambio, el contrato más costoso para el Ministerio de Economía ha sido el destinado al "control de calidad de las aplicaciones móviles o la asistencia técnica y administrativa para la ejecución y seguimiento del expediente". La razón del contrato se debe, de nuevo, a "la insuficiencia de medios" y el valor estimado alcanza los 23,1 millones de euros.
En verano de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió recibir 140.000 millones para España tras la aprobación de los fondos europeos. Fue una negociación larga y que se selló a altas horas de la madrugada. Desde el Ejecutivo se celebró la llegada de los miles de millones porque podía transformar la economía española y, además, serviría de palanca para salir adelante de la crisis que había creado la Covid-19. Sin embargo, los fondos siguen sin llegar a ejecutarse y esta herramienta se ha convertido en el principal problema del Ejecutivo.
En los últimos días, los Pertes (que también sirven para movilizar los millones aprobados para nuestro país) han estado en el foco de las críticas. La semana pasada, el gigante alemán Volkswagen expresó de forma pública sus dudas sobre invertir en la fábrica de baterías de Sagunto (Valencia) ante la falta de ayudas públicas suficientes. Días después, el otro gran inversor involucrado, la empresa Ford, confirmó que dejará de producir la mitad de sus modelos en la fábrica de Almussafes. Una situación que se ha extendido al resto de Pertes que funcionan en otros sectores, que temen que los grandes inversores desestimen a España como un lugar donde instalar su capital.
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