Un responsable de la lucha contra el fraude fiscal independiente, con una capacidad contrastada, con autonomía de actuación, nombrado por el Parlamento y liberado del yugo de las presiones políticas. Los inspectores de Hacienda llevan años bosquejando en sus documentos y declaraciones públicas el perfil del que sería el director ideal para la Agencia Tributaria, el responsable perfecto para llevar las riendas de la lucha contra el fraude fiscal en España.
Sus demandas han caído hasta ahora en saco roto, pero parece que esta situación puede empezar a cambiar. Según el presidente de la organización Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José Luis Groba, la última ronda de contactos llevada a cabo por la Junta Directiva de la organización con los principales grupos políticos representados en el Parlamento ha revelado dos tendencias muy prometedoras para sus intereses. Uno: existe un buena disposición por parte de la mayoría del Parlamento para desarrollar por fin el Estatuto de la Agencia Tributaria. Y dos: existe un consenso político básico en relación a una de sus principales reivindicaciones: que el mandato del director de la Agencia Tributaria no esté expuesto a los vaivenes de la política y solo se pueda suspender -con el relevo de su responsable- si concurren causas objetivas para hacerlo.
"Lo que nos hemos encontrado es que todos los partidos políticos están de acuerdo en definir una causas tasadas a partir de las cuales se pueda cesar a un director general y, por tanto, no se puede hacer esto de forma arbitraria", reveló Groba en una charla con periodistas en el marco del XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado.
"Todos los partidos están de acuerdo en que haya unas causas tasadas y objetivas para cesar al director general de la AEAT"
Los inspectores ven en este consenso político un primer paso hacia la necesaria independencia que, consideran, debe tener el principal órgano de la lucha contra el fraude respecto del poder político. De hecho, su propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria, que trasladarán en los próximos días al Ministerio de Hacienda y a los partidos políticos con representación parlamentaria, establece como objetivo básico "dotarla de autonomía orgánica y funcional con plena independencia del Gobierno y de las demás Administraciones Públicas".
Sacar a Hacienda del organigrama de la Agencia Tributaria
Para conseguirlo, Inspectores de Hacienda del Estado plantea alguna cosas más. La más llamativa es que se suprima la figura del presidente de la Agencia Tributaria, un cargo más institucional que funcional y que corresponde al secretario de Estado de Hacienda de turno, en este caso José Enrique Fernández de Moya. Los inspectores lo venden como una medida de simplificación normativa, aunque reconocen también expresamente que supone desligar al Ministerio de Hacienda del organigrama de la Agencia Tributaria con el barniz de autonomía e independencia que ello le puede reportar.
Pero hay más. La propuesta de los inspectores mantiene que el director general de la Agencia Tributaria debe ser nombrado por el Parlamento en lugar de por el Gobierno -un detalle que, admiten, no comparten todos los partidos políticos-, que su mandato debe ser de cinco años para desligarlo del ciclo político y, además, que debe ser escogido de entre una terna de profesionales de reconocida competencia.
Un requisito, éste último, que los inspectores exigen que se extienda también al nombramiento de los conocidos como cargos de confianza. No cuestionan que éstos deban ser escogidos por el director general de turno, pero reclaman que sean nombrados de entre un cuerpo de personal directivo, cuyo acceso estará restringido a aquellos que hayan demostrado una singular competencia profesional en el desempeño de sus responsabilidades.
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