Los servicios de atención de la Junta logran paralizar más de 7.500 desahucios en Andalucía desde su creación en 2012

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha presentado en comisión en el Parlamento andaluz el balance de los servicios y atención social que presta el Gobierno andaluz para prevenir los desahucios y ha destacado que desde octubre de 2012 hasta el 30 de junio pasado se han evitado 7.568 desalojos de familias de sus viviendas, cifra que consolida este servicio público y gratuito a través de la red presencial de oficinas localizadas en las ocho delegaciones territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Entre octubre de 2012 y el 30 de junio de 2015 se ha atendido 18.686 casos, que han supuesto la apertura de 10.001 expedientes. De ellos, 3.258 se han resuelto por la vía de información, ofreciendo a los ciudadanos todos los conocimientos necesarios sobre la dación en pago y reestructuración de deuda, posibilidad de suspender un lanzamiento, sobre la justicia gratuita y asesoramiento para la venta, entre otras cuestiones.

En cuanto a los casos de intermediación, 4.310 se han resuelto a través de la negociación por dación en pago --con o sin alquiler social--, renegociando las condiciones del préstamo, solicitando la condonación de la deuda o mediante avalistas. En cuanto a la protección, se han abierto 1.312 expedientes a familias que ya tienen fecha de desalojo, por lo que el Gobierno andaluz inicia el proceso de búsqueda de una alternativa habitacional a las familias en colaboración con los ayuntamientos.

Durante su intervención en la comisión, la diputada del PP Alicia Martínez ha propuesto "un pacto antidesahucios entre las distintas fuerzas políticas para ofrecer soluciones a los afectados por desahucios", donde se involucre a organismos judiciales y sociales, empresarios, entidades financieras, jueces, abogados y tercer sector.

Por su parte, Felipe López se ha referido a la colaboración como una de las necesidades para alcanzar los objetivos previstos. "La concurrencia de esfuerzos, recursos y objetivos es fundamental para luchar conjuntamente y dar una respuesta inmediata a esta demanda ciudadana, donde diputaciones y ayuntamientos deben ser aliados estratégicos ya que representan el escalón más próximo en la atención a las familias afectadas", ha detallado el consejero, quien ha hecho un repaso de las medidas emprendidas por el Gobierno para acabar con esta emergencia social.

En el marco de las actuaciones ya iniciadas y con recorrido se ha referido a la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y la Ley de medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central. En cuanto a las iniciativas de la presente legislatura, Felipe López ha recordado que ya se ha reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), representantes de plataformas y colectivos que trabajan en favor de los afectados y con entidades financieras.

En la línea de colaboración institucional, ha anunciado que la Consejería de Fomento y Vivienda firmará un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y FAMP con el objetivo de compartir información existente sobre los desahucios y las medidas sociales a aplicar.

Además, ha avanzado la posibilidad de establecer un protocolo de actuación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en materia de protección de las personas en situación de pérdida de su vivienda habitual por ejecución hipotecaria, en dos líneas fundamentales de actuación, esto es, por un lado, difundir la existencia del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, y, por otra, constatar la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión de los deudores hipotecarios, mediante la solicitud de informes de los juzgados a los Servicios Sociales.

López ha asegurado que también instará al Gobierno central a que convoque una reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, de la que forma parte la ministra de Fomento, Ana Pastor, y los consejeros con competencia en materia de vivienda, para ofrecer soluciones a los desahucios.

Paralelamente, para adecuar la legalidad vigente a las exigencias de los ciudadanos, ha destacado que el pasado 19 de junio el Gobierno andaluz dio luz verde a dos anteproyectos de ley que amplían y refuerzan las medidas contra los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Se trata del Anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía y del Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda.

"Ambos textos completarán el marco normativo de la lucha contra los desahucios en Andalucía y constituirán la producción legislativa más avanzada del conjunto de comunidades autónomas sobre la materia", ha concluido.Propuesta del PP

La diputada del PP Alicia Martínez, quien considera que "se puede hacer mucho más en favor de estas personas", ha propuesto "un pacto antidesahucios entre las distintas fuerzas políticas para ofrecer soluciones a los afectados por desahucios", donde se involucre a organismos judiciales y sociales, empresarios, entidades financieras, jueces, abogados y tercer sector.

Martínez propone ese 'pacto antidesahucios' para "dejar de echar leña al fuego de la demagogia y buscar soluciones con sentido común". En este sentido, afirmó que "las políticas y leyes de la Junta de Andalucía no han dado resultado y reclamó a Susana Díaz "que sea coherente y deje de ejercer una política camaleónica en materia de vivienda", apuntando que "con los vaivenes del gobierno andaluz se ha perdido un tiempo muy valioso, hemos pasado una legislatura en blanco y ni siquiera tenemos un Plan andaluz para garantizar las ayudas al acceso a la vivienda o la lucha contra los desahucios".

Además pide la firma del anunciado convenio con el Consejo General del Poder Judicial para detectar situaciones de especial vulnerabilidad y ofrecer alternativas habitacionales y ha pedido aprobar un plan autonómico de vivienda, donde "se ponga el foco de atención en los más vulnerables, a los que nunca se les ha prestado atención".

Martínez ha asegurado que el PP "ha parado los desahucios a las familias más vulnerables" y considera que la Junta "no se ha preocupado de parar los desahucios en firme y no hizo planes de vivienda que priorizaran el freno a los desahucios".

Ha recordado que las leyes anunciadas por la Junta "no se aplicarán ahora, sino que sólo se proponen", por lo que el PP ha mostrado su colaboración, que espera que sea atendida "pues en el anterior plan hicimos 82 aportaciones y no nos aprobaron ni una".

Martínez ha citado los "negativos resultados" de la gestión de la Junta, de forma que "Andalucía es la comunidad con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias en 2014", toda vez que "una de cada cuatro ejecuciones hipotecarias en toda España, el 24,81 por ciento, se han producido en la Comunidad".

Asimismo, ha lamentado que "el año pasado se dejaron de ejecutar 48 millones de euros en materia de vivienda", mientras que a cierre del primer semestre la ejecución fue del 17 por ciento del presupuesto, según asegura Martínez.

A su juicio, "estas actuaciones requieren de acciones por parte de todos los poderes públicos", por lo que pide más coordinación y que la Junta "complemente las medidas establecidas por el Gobierno central" sobre este asunto.