Los servicios mínimos, nueva diferencia entre España y otros países europeos

  • En los últimos meses Europa vive jornadas de huelga casi de norte a sur y de este a oeste producto de las medidas anticrisis. Sin embargo, algunos puntos que deberían ser comunes, o vivirse de forma parecida, no lo son tanto. Entre ellos, el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos.
Ylenia Álvarez Menéndez

El martes y el miércoles pasado, Madrid vivió una jornada caótica. Metro cerró sus puertas a cal y canto y nadie pudo moverse bajo tierra en protesta por la baja de los salarios de sus trabajadores. ¿Y los servicios mínimos? Esa es todavía este lunes la pregunta caliente y aunque las comparaciones son odiosas: ¿por qué otros países como Francia o Italia no se paralizaron de semejante manera en huelgas similares?

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) no establece el transporte metropolitano como un servicio esencial como sí es, por ejemplo, la sanidad. Sin embargo, considera admisible el establecimiento de un servicio mínimo de funcionamiento (de la empresa o institución de que se trate) en caso de huelga en servicios de utilidad pública, donde sí estaría incluido el suburbano.

En España si queremos recurrir a la normativa vigente debemos  ir el Real Decreto de 1977 sobre relaciones de trabajo. Según esta ley "la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios". 

Además, establece que " la sanción para los trabajadores que fuesen designados para el mantenimiento de los servicios previstos y se negasen a ello, incurrirán en la causa justa de despido".  Así de duro se presenta el documento. Es cierto que nada habla de si los servicios mínimos son del 50%, de menos o demás, pero sí deja claro que deben existir y cumplirse, tal y como ha sucedido en otras capitales europeas con una ley incluso más débil.

En nuestros países vecinos

En Francia, por ejemplo, no existe una ley de servicios mínimos como tal, aunque sindicatos y Gobierno suelen establecerlos en cada caso. Los sindicatos se han negado durante años a la existencia de esta ley de regulación, pero a pesar de este vacío legal en las últimas huelgas registradas por las medidas anticrisis los mínimos se han cumplido. En la huelga general del pasado 24 de junio, el metro parisino funcionaba al 60% y salía un tren de alta velocidad de cada dos con salida y destino de París, incluso en líneas internacionales.

Países como Alemania, Gran Bretañao Suecia carecen también de una ley de servicios mínimos, bien porque recurren más bien poco a la huelga y no se han visto hasta hoy con la necesidad de una regulación, o bien porque hay una regla no escrita por la que el civismo debe imperar en una huelga legal, alejándose así de la salvaje o ilegal.

Italia también vivió una huelga el 25 de junio, pero al contrario que en Madrid, en Roma y Nápoles los transportes de la ciudad sufrieron retrasos pero siguieron funcionando.

Según ATAC, que administra los transportes en Roma, los huelguistas alcanzaron el 38%, pero los autobuses circularon. En cuanto a los metros, el 50% quedó bloqueado pero dejó margen, por tanto, para su uso. Es, sin embargo, de los pocos países que cuenta con un código de autorregulación para los servicios mínimos que evite así que la ilegalidad quede impune.

¿Qué nos queda?

Algunos ya han apuntado que es necesario revisar la actual ley, entre ellos el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que estos días ha recordado que la Ley de Huelga es "preconstitucional" y que existe la posibilidad de "redactar una ley más adaptada a la sociedad actual".

CC.OO. y UGT, por su parte, están dispuestos a reformar la ley en España, pero prefieren que se haga "en frío", y no al hilo de conflictos laborales como el de Metro de Madrid.

Aguirre también se ha sumado al carro y decía que es "evidente" que España necesita una Ley de Huelga, ya sea "en caliente -como ahora- o no", aunque aquí cabe la duda de si sus declaraciones son por pleno convencimiento o por pasarle al Gobierno parte de responsabilidad.

Otros apuntan más por crear un código como el italiano para la autorregulación de estos servicios mínimos. El grupo parlamentario de ERC-IU-ICV, de hecho, presentó la semana pasada en el Congreso una proposición no de ley para que se regule el derecho fundamental a la huelga. En ella quedarían reflejadas todos los aspectos referentes a los "servicios mínimos" con el fin de que no se cometan "importantes excesos".

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