El Gobierno ultima cambios legales para favorecer los planes privados de pensiones

Una vez encauzada la reforma del sistema público de pensiones para garantizar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo, el siguiente paso que va a dar el Gobierno es mejorar los incentivos fiscales y legales para impulsar los planes de pensiones privados entre los españoles.

Nadie sabe a ciencia cierta por qué sucede así, pero lo cierto es que España es uno de los países europeos en el que los ciudadanos menos ahorran por su cuenta para su jubilación.

Los datos son reveladores. Las aportaciones a los denominados planes de previsión social apenas suponen un 15% del ahorro financiero de las familias, cuando en Europa suponen una tercera parte del mismo, menos de la mitad de los españoles en edad de trabajar ahorran para su jubilación y los que lo hacen destinan apenas 75 euros al mes de media para ese objetivo.

Ni siquiera el generoso tratamiento fiscal que reciben en el IRPF ha logrado que los planes de pensiones privados arraiguen en la cultura financiera de los españoles.

El Gobierno está decidido a cambiar ese panorama. Éstas son algunas de las iniciativas, algunas muy audaces, sobre las que está trabajando con sector y agentes sociales para impulsar la previsión social complementaria:

- Planes de pensiones 'por decreto'. Se trata, sin duda, de la propuesta más controvertida que se ha puesto sobre la mesa de negociación. Las compañías del sector han propuesto establecer por ley la obligatoriedad de que las empresas ofrezcan un plan de pensiones a sus empleados, al que deberían acogerse todos los que superen un determinado nivel salarial.

La virtualidad de este sistema, que existe por ejemplo en Nueva Zelanda, es que obliga (se puede establecer de forma obligatoria o dejando al trabajador la libertad de descolgarse del plan) a empresa y trabajador a reservar una parte del sueldo para la jubilación futura y, además, ofrece a las empresas un instrumento nuevo para negociar su política salarial.

- Rebaja de cotizaciones para los que aporten a planes de pensiones. Otro de los posibles incentivos que maneja el Gobierno, y que tiene más visos de prosperar, es el compromiso de garantizar una rebaja en sus cotizaciones sociales a las empresas que aporten recursos a los planes de pensiones de sus empleados.

- Impulso a los planes de pensiones entre las pyme. El Gobierno maneja varias opciones para estimular la creación de planes de pensiones entre las pyme. El ala empresarial se muestra más partidaria de hacerlo mediante incentivos a la suscripción de planes de pensiones individuales por parte de los trabajadores, mientras que los sindicatos defienden el impulso de planes sectoriales de empleo bajo el argumento de que funcionan con comisiones más bajas y ofrecen mayor rentabilidad a sus partícipes.

- Facilidades para rescatar el dinero aportado al plan de pensiones. Hablamos de lo que los expertos llaman ventanas de liquidez, es decir, las circunstancias en que se puede recuperar el dinero aportado a un plan de pensiones antes del momento que permite la ley: la jubilación efectiva del trabajador.

En la actualidad, la legislación permite hacerlo en caso de enfermedad grave, desempleo de larga duración, incapacidad laboral permanente y, recientemente, se aprobó que también para salvar la casa. Lo que está negociando el Gobierno es abrir un poco la mano permitiendo, por ejemplo, rescatar el dinero acomodado en un plan de pensiones en el momento de llegar a la edad legal de jubilación aún cuando se continúe trabajando.

- Más incentivos fiscales a planes de pensiones. A día de hoy, las aportaciones que se realizan a un plan de pensiones, hasta 10.000 euros (12.500 euros, a partir de 50 años), permiten reducir la base imponible sobre la que se tributa en el IRPF y, por tanto, pagar menos impuestos. Después, cuando llega el momento de rescatar esas aportaciones, el marco fiscal obliga a integrar las rentas que se perciben como rendimientos del trabajo, lo que privilegia su percepción en forma de renta.

Lo que está valorando el Gobierno es mejorar el tratamiento fiscal en ambas fases. Por una parte, ampliando más allá de esos 10.000 euros las aportaciones con derecho a deducción que pueden realizar los beneficiarios.

Por otro, mejorando el trato fiscal del cobro de las pensiones privadas en forma de renta, dejando libre de impuestos una parte de su cuantía o estableciendo un tipo fijo reducido sobre estas percepciones...o incluso ambas.

No será fácil sacar adelante este nuevo esquema fiscal. Sobre los incentivos a los planes de pensiones pesa la losa de su consideración como una vía de ahorro fiscal para las rentas altas. Una sospecha que subrayan los datos que año tras año da la Agencia Tributaria y que revelan que el 90% de los beneficiarios de planes de pensiones aportan menos de 900 euros anuales y que sólo un 1,6% aportan más de 6.000 euros.

Para Jaime Sol, socio responsable del área de pensiones de KPMG, esa verdad estadística no debe cuestionar que una mejora de los incentivos fiscales sería una vía muy interesante para impulsar la suscripción de planes de pensiones, y no sólo para las rentas más altas.

- Mejoras en la calidad de los planes de pensiones. Uno de los principales lastres de los planes de pensiones privados en España es su baja rentabilidad, lo que unido a unas comisiones más bien elevadas comprometen su rentabilidad para los clientes.

La intención del Ministerio de Economía es establecer una comisión fija máxima inferior al estándar del mercado y otra variable vinculada a la rentabilidad del plan de pensiones.

La fórmula mejoraría las posibilidades de rentabilidad de los planes de pensiones, pero choca frontalmente con la oposición del sector lo que hace poco viable su aprobación.

También se ha planteado facilitar la portabilidad de los planes de pensiones de una empresa a otra sin penalización alguna y resolver el problema que se plantea a la hora de rescatar los recursos aportados a un plan de pensiones en los casos de quiebra empresarial.

- Más transparencia. El Gobierno prevé también exigir a las empresa gestoras de planes de pensiones que den más información a sus clientes sobre la renta que les correspondería en el momento de su jubilación en función de las aportaciones realizadas, del mismo modo que empezará a hacerlo la Seguridad Social el año que viene.