México generaría 310.000 empleos al año con una reforma energética integral

  • México podría llegar a crear "310.000 puestos de trabajo adicionales por año" si se aprueba una "reforma constitucional integral y profunda" que modernice y refuerce al sector energético, afirmó hoy el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

México, 10 jul.- México podría llegar a crear "310.000 puestos de trabajo adicionales por año" si se aprueba una "reforma constitucional integral y profunda" que modernice y refuerce al sector energético, afirmó hoy el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

"De acuerdo al modelo que elaboramos, la economía mexicana crecería 1,7 % adicional cada año durante los próximos 15 en un contexto de una reforma energética ambiciosa", dijo a Efe el director general del IMCO, Juan Pardinas.

El organismo privado presentó hoy el estudio "Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del siglo XXI", que denuncia que este país "se encuentra en crisis" debido a que tiene "un sector de hidrocarburos más cerrado que el de Cuba, Irán y Corea del Norte".

El IMCO recuerda que la producción de hidrocarburos en este país "ha caído 25 % en los últimos 9 años", mientras que la de gas "no alcanza para cubrir la demanda nacional y las necesidades del sector industrial".

La reforma energética que será presentada en las próximas semanas al Legislativo es clave para definir el futuro de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex), que mantiene el monopolio de la explotación del crudo.

Aunque todos los sectores coinciden en que Pemex debe modernizarse para superar su rezago, la izquierda se opone a realizar cambios a la Carta Magna, que establece el "dominio directo" de la Nación, "inalienable e imprescriptible" sobre los recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos.

El IMCO señala en el informe divulgado hoy que con una reforma integral, el ingreso per cápita de los mexicanos puede crecer de 9.553 en 2010 a 15.579 dólares en 2030, un avance del 63,08 %.

"De no haber cambios necesarios al sector, corremos el riesgo de perder competitividad industrial, de quedarnos con los recursos atrapados en el subsuelo, y de que México sea incapaz de adaptarse al nuevo orden energético global", advierte el organismo.

Para el IMCO, los cambios que se necesitan exigen modificar tres artículos de la Constitución (25, 27 y 28), que entre otras cosas establecen que corresponde a la nación "el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público" para la exploración, por ejemplo, del petróleo.

Según el organismo, los cambios energéticos deberían buscar "maximizar el valor de la renta petrolera, garantizar la seguridad energética y fortalecer la competitividad del país".

Además, "convertir al sector en palanca del desarrollo industrial y tecnológico, y transformar la renta petrolera en bienestar a largo plazo".

Petróleos Mexicanos (Pemex) "podría adquirir nuevas capacidades vía asociaciones y enfocarse a aquellas áreas en donde tiene ventajas competitivas claras", destacó la institución.

Para Pardinas, una posible reforma energética requiere asumir un compromiso político más pleno.

"El tema importante es que el 70 % de los mexicanos votaron por candidatos que durante la elección presidencial de 2012 se manifestaron a favor de reformar Pemex", indicó.

El director confió en que "esa masa crítica de ciudadanos vea su voluntad reflejada en las acciones del Congreso y del Poder Ejecutivo".

Para el IMCO, que sitúa a México en la posición 32 en términos de competitividad dentro de una clasificación de 46 países, la actual "es la última oportunidad que tiene México para modernizarse por decisión propia".

"La próxima vez nos veremos forzados por las circunstancias. Quizás esta reforma será la clave para lograr salir de los niveles mediocres de competitividad y crecimiento en los que nos encontramos desde hace una década", sentencia el organismo.

Creado en 2004 por empresarios mexicanos, el IMCO es un centro autónomo de investigación aplicada independiente, apartidista y sin fines de lucro que pretende generar evidencia para discutir temas de política pública.

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