La deuda pública supuso el 118,7% del producto interior bruto (PIB) en 2021. Una cifra que el Gobierno celebra porque se sitúa por debajo de su previsión y, a la vez, es 1,3 puntos inferior a la ratio registrada en 2020. No obstante, se trata de un incremento del 6,1% en términos de volumen. Según los datos del Banco de España, la deuda pública fue de 1,428 billones, por lo que se incrementó en 81.979 millones de euros durante el año pasado. Este es el "peaje en las finanzas" que España ha tenido que pagar, en palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI), para hacer frente a la pandemia y que no bajará del 115% del PIB en los próximos cinco años, según sus previsiones.
Pese a que sigue siendo un porcentaje muy alto y la cifra en términos de volumen es mayor, Moncloa asume que el dato conocido este jueves confirma que se inició en 2021 "la reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB, que se intensificará en los próximos años". La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, afirmó en su cuenta de Twitter que "hemos iniciado la senda de absorción del coste fiscal de la pandemia". Pero el Ejecutivo sigue sin un plan de ajuste fiscal que le reclaman instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el FMI.
Moncloa apunta a que la recuperación económica ha contribuido a la reducción de la ratio de deuda sobre el PIB. En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró durante el adelanto de los datos de recaudación tributaria que los mayores ingresos derivados de impuestos habían ayudado a la reducción del déficit. Montero avanzó entonces que estaría por debajo del 8,4% previsto por el Gobierno, un descenso que se habría producido "sin recortes ni austeridad", apuntó. Así, ante el incremento de los ingresos derivado de la recuperación del empleo y de los mejores resultados empresariales que impulsaron la recaudación el pasado año y ahora, la reducción de la deuda, desde Hacienda consideran que tienen los deberes hechos en materia de déficit.
Sin embargo, esta misma semana el FMI aseguraba que "una formulación temprana de un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo ayudaría a construir el consenso social necesario y a reforzar la confianza de los inversores". El organismo apunta en las conclusiones del artículo IV para España que a medida que la recuperación se fortalece, "la deuda pública debería reducirse gradualmente para reconstruir el espacio fiscal para responder a futuros shocks". En los mismos términos se ha expresado la AIReF, prácticamente desde el inicio de la crisis del coronavirus y precisamente, llamó a evitar que "la positiva evolución de los ingresos puedan utilizarse para realizar gasto estructural que no cuente con una fuente de financiación permanente".
En el último trimestre de 2021, la AIReF recomendó de nuevo al Gobierno "establecer una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera", pero el Ejecutivo consideró que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) y la Actualización del Plan de Estabilidad ya daban cuenta de la estrategia fiscal y, por lo tanto, cumplía con la recomendación. El organismo que dirige Cristina Herrero, no obstante, consideró que esos documentos constituían "una aproximación incompleta a la estrategia fiscal, tanto por su horizonte temporal insuficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad como por no incluir la senda fiscal con los gastos e ingresos derivados directamente del PRTR".
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, calificó el plan de ajuste fiscal de "absolutamente fundamental" y es que el supervisor bancario también ha puesto este asunto sobre la mesa en varias ocasiones al hablar de la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. Pero pese a la insistencia de las instituciones económicas, el Gobierno obvia esta cuestión y se ciñe a sus previsiones.
Reglas fiscales europeas
El cuadro macroeconómico del Ejecutivo muestra que las previsiones de déficit están por encima de las reglas fiscales fijadas por la Comisión Europea antes de la pandemia. El Gobierno prevé que el déficit sea del 5% este año, del 4% en 2023 y del 3,2% en 2024. El Pacto de Estabilidad que fija para los estados miembros el 60% de deuda pública en relación al PIB y el 3% de déficit quedó suspendido por la pandemia, pero en primavera de este año, Bruselas deberá decidir cómo se retoman estas reglas fiscales. Las nuevas normas tendrán en cuenta la emergencia climática y las inversiones digitales, pero también los niveles actuales de deuda.
La vicepresidenta del Gobierno defiende "un marco de consolidación fiscal realista y pragmático, con sendas de reducción de déficit y deuda adaptadas a la situación de cada país". Antes de que se defina el nuevo marco, Hacienda tendrá sobre la mesa el Libro Blanco para la reforma fiscal, el documento elaborado por los expertos y que servirá de guía para cambiar el sistema tributario, otra herramienta en manos de Hacienda para equilibrar la balanza entre gastos e ingresos.
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