Montoro pide "acuerdos políticos" a la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Madrid, 29 feb.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha pedido a los grupos parlamentarios del Senado y del Congreso "acuerdos políticos" para apoyar el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece techos de gasto para todas las administraciones públicas.

Durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales en el Senado, Montoro ha reiterado la importancia del anteproyecto de Ley que estudia el Consejo de Estado, y cuyo objetivo es lograr la recuperación del crédito y garantizar los servicios públicos esenciales a través de la reducción del déficit.

El ministro ha resaltado que se trata de un anteproyecto orientado a garantizar la estabilidad presupuestaria de las administraciones y refuerza los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

En este sentido, ha reiterado que en el Gobierno "no cabe flexibilidad ni relajación" sino un "plan de compromiso" con la consolidación fiscal.

Montoro ha calificado de "término mediático" el que se refiere a "flexibilizar" el objetivo de déficit previsto por Bruselas, y ha dejado claro que el objetivo del Ejecutivo es sanear y clarificar las cuentas.

"Hay que hablar con propiedad de estos términos", ha aseverado, tras insistir en que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria "es importante para recuperar la confianza frente a inversores internacionales".

Ha dicho que el anteproyecto será remitido "muy pronto" a las Cortes, y ha resaltado que España debe "reconocer" los mismos criterios que "ya asume en el pacto fiscal de la Unión Europea (UE)".

Asimismo, ha añadido que España debe responder con una "sola voz ante la UE, con un compromiso del Estado".

Ha recordado que el objetivo marcado en la nueva Ley para no superar un techo de déficit en las administraciones y la diferente forma de presupuestar no es nueva, puesto que la Ley de Estabilidad de 2002 "establecía esta exigencia" para el Estado, y ahora lo que hace es extender esta fórmula al conjunto de las administraciones públicas.

El anteproyecto de Ley da traslado a la legislación española de la normativa europea en materia de sanciones y de inspecciones a las administraciones incumplidoras.

Para ello todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020.

Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea los que determinen los objetivos de déficit.

Se va a aprobar también que la administración pública que incumpla el plan económico-financiero para corregir las desviaciones de déficit en las que incurra deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

El anteproyecto prevé también que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable.

Con esta normativa la deuda de las Administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en la regulación europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales.