Montoro renuncia a imponer una quita en el pago a proveedores

No está la cosa para forzar más de la cuenta. Grandes y pequeños proveedores habían advertido de los riesgos de convertir el pago inmediato a proveedores por parte de los ayuntamientos en una subasta, con ofertas de quita crecientes para intentar cobrar antes que los demás.

Marcha atrás (o recapacitación de última hora). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer, al término de la Comisión Nacional de Administración Local, que el mecanismo para saldar las deudas de las corporaciones locales (y que fue aceptado sin discusión por los interesados) "no establecerá quitas obligatorias a los proveedores". Eso significa que no habrá un descuento mínimo nada más empezar.

Montoro incluso aportó algo de luz sobre otra de las variables del programa que aún quedaban por despejar. Se trata de la prioridad para cobrar antes que nadie las facturas.

Según el decreto aprobado el 25 de febrero (y que se convalidará hoy en el Congreso), se establecían tres criterios que adelantarían al acreedor en la lista de cobro: ofrecer una quita (o un descuento) sobre la deuda; que la factura estuviese en los tribunales y la antigüedad de dicha deuda.

El problema es que no se había establecido el orden de prioridades. El ministro aseguró ayer que los descuentos nunca estarán por encima de la tardanza en el pago. Es decir, que los que llevan esperando más tiempo podrán recibir su dinero un poco antes.

De momento, Hacienda no recula en la gran reclamación que habían puesto sobre la mesa los proveedores: que los intereses de demora no se perdieran por el camino. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro da por hecho que se perdonará esta parte de la deuda (nada pequeña, ya que el interés de demora no baja del 8% anual) y los afectados consideran que esta decisión ya es una quita de partida.

La reunión de la Comisión Nacional Local, que también fijó el déficit conjunto de las corporaciones locales en el 0,3% del PIB para 2012, ha recordado los plazos y condiciones del proceso, que permitiría empezar a cobrar desde principios de mayo.

Lo más urgente es que, antes del 3 de abril, las entidades locales deberán aprobar y remitir un día después al Ministerio un plan de ajuste, con las siguientes características:

- Debe recoger ingresos suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de las operaciones de crédito, incluida la que se formalice.

- Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los ejercicios 2009 a 2011.

- Debe prever una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios públicos y su financiación.

- Recogerá la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales que se vayan a implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar, pudiendo establecerse requisitos adicionales.

- La valoración favorable por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas implicará la autorización de la operación de crédito.