Estrasburgo (Francia), 12 dic.- Los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron hoy un acuerdo sobre la directiva de recuperación y resolución bancaria que entrará en vigor plenamente en 2016.
El acuerdo mantiene la jerarquía ya pactada por los Estados miembros para los rescates, y establece que los fondos de resolución nacionales tendrán que contar con el equivalente al 1 % de los depósitos cubiertos en diez años, a exigencia del Parlamento Europeo, frente al 0,8 % por el que abogaban los Estados miembros.
El objetivo de esta normativa es evitar la repetición de errores respecto a la última crisis financiera, principalmente tratar de evitar que sean los contribuyentes quienes paguen por las quiebras de los bancos europeos.
Se establece un orden de entrada a la hora de sufragar los rescates a la banca, que deja a accionistas y titulares de bonos en la primera línea de fuego.
Solo se recurrirá a los depósitos de más de 100.000 euros en último lugar, según el acuerdo, mientras que los de cantidad inferior a ese umbral quedarán totalmente protegidos y exentos de la contribución a los rescates.
El acuerdo también prevé que no se podrá recurrir a inyecciones de ayudas públicas hasta que no se hayan aplicado quitas a un 8 % de los pasivos de la entidad en cuestión.
Una vez que se hayan asumido estas pérdidas, podrían intervenir los fondos de resolución nacionales y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para cubrir un máximo del 5 % de los pasivos, es decir el porcentaje que se puede eximir de las quitas total o parcialmente en circunstancias bien definidas.
Los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión Europea eximir a ciertos acreedores de participar en el rescate sobre un criterio de "caso por caso", aunque el Ejecutivo comunitario deberá dar su visto bueno a esta operación.
El acuerdo también establece que se establecerá un fondo de ayuda a la banca en cada Estado miembro para ayudar a las entidades con problemas a su recuperación.
Ese fondo se nutrirá de las aportaciones de las propias entidades que deberán ser capaces de reunir para 2025 el equivalente a un 1 % de los depósitos cubiertos por los bancos del país en cuestión, lo que equivale a unos 70.000 millones de euros, según cálculos de Bruselas.
El acuerdo prevé también que tras seis meses de la entrada en vigor de la directiva, la Autoridad Bancaria Europea establecerá en qué circunstancias se puede proceder a la recapitalización preventiva, que queda en cualquier caso como un último recurso.
El acuerdo de principios necesita ahora ser refrendado formalmente tanto por el Consejo como por el pleno del PE.
El comisario europeo de Mercado Interior, Michele Barnier, ha reaccionado al acuerdo señalando que "esta nueva norma, que será de aplicación a los veintiocho países de la UE, es una pieza fundamental del marco regulatorio financiero a la hora de aplicar las lecciones aprendidas de la crisis".
"Asegurar que la quiebra de bancos puede ser controlada de forma predecible y eficiente con mínimos recursos públicos era vital para recuperar la confianza en el sector financiero europeo", añadió.
Por parte del Parlamento Europeo, el ponente del texto, el esloveno conservador Gunnar Hökmark se felicitó por un acuerdo que "lanza un mensaje claro sobre que los acreedores y accionistas serán los que tengan que hacer frente al chaparrón, no los ciudadanos".
"Al mismo tiempo, hemos dejado claras las reglas sobre cómo gestionar casos excepcionales que pongan en peligro la estabilidad financiera", añadió.
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