Panamá y Madagascar dan un paso adelante para proteger su madera del tráfico

Ginebra, 28 sep.- Panamá y Madagascar han pedido que se apliquen medidas especiales para 91 tipos de madera noble en su empeño por frenar el aumento del contrabando en sus territorios, informó hoy la Secretaría que gestiona la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (CITES).

Se trata de especies de ébano y palo de rosa, principalmente, cuya explotación abusiva con fines de tráfico ilegal preocupa a las autoridades de ambos países.

Por esta razón solicitaron a la CITES que las incluya en un apartado especial (el llamado "apéndice III" de la convención) que establece que todos los cargamentos transfronterizos deben contar con una autorización específica que certifica el origen legal de la madera.

Esto permite que se descubran posibles hechos delictivos en la extracción de las maderas y, al mismo tiempo, permite poner a disposición de los países exportadores e importadores información clave sobre su comercio.

Panamá solicitó concretamente ayuda a los otros 174 países que forman parte de esa convención para controlar mejor sus poblaciones nacionales de palo de rosa negro (también conocido como "cocobolo"), una especie que se encuentra en bosques tropicales secos desde México hasta Panamá.

El "cocobolo" es un tipo de madera muy apreciada para el uso marino debido a que es dura, hermosa y muy estable; así como en empuñaduras de armas, en palos de billar y en piezas de ajedrez.

También se le ha utilizado frecuentemente en cofres de joyas, incrustaciones, enchapados, en el mango de finos cepillos de cabello y para hacer bolas de bolos.

Además, esta madera resuena en caso de golpe, lo que la ha convertido en el material preferido para marimbas, clarinetes y xilófonos.

El secretario general de la CITES, John Scanlon, felicitó a Madagascar y Panamá por su decisión y les prometió el apoyo de su entidad en sus esfuerzos por controlar el comercio de madera.

Adelantó que las medidas de control que establecerán permitirán que ese comercio sea legal y dará la posibilidad de hacer un seguimiento hasta su origen, lo que garantizará su preservación y será beneficioso para las comunidades locales.