Madrid, 2 abr.- Paradores y los sindicatos CCOO y UGT han defendido hoy que el Comité Intercentros constituido en la compañía estaba plenamente legitimado para negociar el expediente de regulación de Empleo (ERE), que se pactó el pasado 2 de enero, en representación de todos los trabajadores de la red hotelera estatal.
Ésta ha sido la línea de defensa de sus respectivos abogados durante el juicio celebrado esta mañana en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por la denuncia de impugnación del ERE, impuesta por CGT, CUT (Central Unitaria de Traballadores) y Comité de Empresa del Parador de los Reyes Católicos (Santiago) y a la que se adhirió posteriormente CIG (Confederación Intersindical Gallega).
Los demandantes piden que el ERE se declare nulo porque consideran que se efectuó vulnerando derechos fundamentales de las centrales minoritarias al excluirlas de la negociación, teniendo en cuenta que los paradores de Santiago de Compostela y León cuentan con convenios colectivos y comités de empresa propios.
Además de en la falta de legitimación de la comisión negociadora, los demandantes argumentan su denuncia en que en Paradores como administración pública no deben primar los intereses económicos sino el servicio al ciudadano, y en que los datos económicos que aportó la empresa no se ajustan a la legalidad.
Ante la primera cuestión, el letrado de Paradores ha explicado que la empresa tenía dudas sobre las facultades negociadoras del Comité Intercentros, dada la existencia de tres comités, pero CCOO y UGT le atribuyeron dicha competencia, ya que el convenio colectivo establece que intervendrá preferentemente en caso de que existan más comités.
Además, las organizaciones minoritarias no presentaron ninguna alternativa al Comité Intercentros aunque si lo hubieran hecho, se hubieran encontrado con la mayoría, del 93 %, de CCOO y UGT, al contar con 356 representantes sindicales de un total de 383; mientras que CGT tiene 8, CIG 7 y CUT, 6, y con 104 delegados de un total de 107.
En cuanto al segundo argumento, el abogado considera que la empresa no podría entrar en el concepto de administración pública porque se trata de una sociedad mercantil estatal.
Precisamente sobre la cuestión económica, los demandantes consideran que las cuentas usadas por Paradores para aplicar el ERE no son reales, porque gran parte de la deuda -91 millones de los 120- se debe a las obras de establecimientos y tal y como se indica en el pliego de cesión de edificios a la cadena por parte de Turespaña, las grandes obras deben ir con cargo a esta última entidad.
Ni el letrado de Paradores ni los testigos de la empresas han sabido cuantificar dichas inversiones y tampoco han aclarado si debían figurar en las cuentas de Turespaña o de la red hotelera, aunque sí han resaltado la difícil situación de la compañía, debido a la crisis y la caída de la demanda nacional.
El abogado de la empresa ha subrayado que, pese a ello, Paradores pactó con CCOO y UGT reducir el número de despidos de los 644 iniciales a 350, de los que la mitad, 172, han sido voluntarios.
El letrado de CGT ha insistido en que "parece que hay interés en que las cuentas de Paradores parezcan peores", sosteniendo la teoría de que el ERE es un "camino hacia una más segura privatización: primero se hace una limpieza de personal y luego se vende su explotación al mejor postor o lo que es peor al mejor amigo".
El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que el juez la dicte en las próximas semanas.
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