Parlamento de Ecuador declara política de Estado defensa en Ciadi en caso Oxy

Quito, 30 oct.- La Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) declaró hoy como "política de Estado" la defensa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) sobre la demanda interpuesta contra el país por la petrolera estadounidense Occidental (Oxy).

Con 88 votos a favor y seis abstenciones, el pleno del órgano legislativo aprobó la resolución que respalda "la acción que impulsa el Estado ecuatoriano en defensa de sus intereses" y el reclamo de "nulidad" de un laudo arbitral de condena a Ecuador emitido el pasado 5 de octubre por el Ciadi.

Ese fallo obligaba a Ecuador a pagar 1.770 millones de dólares más intereses por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, aunque luego el Ciadi suspendió la condena temporalmente ante el pedido de anulación presentado por el país andino.

Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi en 2006, después de que el Gobierno andino anulara su contrato de explotación en un zona petrolera en la Amazonía, por haber cedido, sin avisarle al Estado, el 40 por ciento de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.

El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió las operaciones del campo, lo que para la petrolera estadounidense fue una especie de confiscación de sus activos.

Ecuador, por su parte, insiste en que Oxy violó el contrato que establecía una cláusula de caducidad del convenio.

La Asamblea Nacional, en su resolución, calificó la condena por parte del Ciadi como un "írrito laudo arbitral", al tiempo que convocó a "todas las funciones del Estado y al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente unidos" para encarar este caso.

Asimismo, solicitó a la Corte Constitucional ecuatoriana que, de manera urgente, "emita un dictamen" que permita a la Asamblea "denunciar (poner fin) el Tratado Bilateral de Inversiones" con EE.UU.

El órgano legislativo de Ecuador prevé instar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), al Parlamento Latinoamericano y otros organismos regionales a que condenen la actuación del Ciadi.

Virgilio Hernández, un asambleísta del oficialismo e impulsor de la resolución, indicó a Efe que también se ha propuesto una reunión de cortes constitucionales de la región para que analicen y emitan un pronunciamiento "de respaldo a la soberanía de los pueblos".

El legislador indicó que es necesario que en América Latina se debata sobre estos temas y el riesgo que corren las soberanías de los Estados debido a decisiones emitidas por organismos como el Ciadi, que, en su opinión, parece como un "comité de defensa de las trasnacionales".

Hernández dijo que según la información de la que él dispone el Ciadi, que es un organismo autónomo del Banco Mundial, ha tramitado recientemente 32 disputas entre empresas y varios Estados, y que en 30 de esos casos falló a favor de las compañías.

Por ello, el asambleísta señaló que América Latina debería "crear su propia institucionalidad", que incluya centros de arbitraje y de resolución de diferencias.

La Procuraduría General del Estado, que lleva la defensa del país, ha señalado que en el caso Oxy el tribunal del Ciadi que condenó a su país "se excedió de manera manifiesta en el ejercicio de sus competencias".

El procurador, Diego García, recordó recientemente que esa sentencia del tribunal, compuesto por tres personas, tampoco fue unánime pues hubo un "voto disidente", el de la profesora Brigitte Stern, quien calificó al fallo como "carente de motivación, contradictorio y en el que se constata un evidente exceso de poder".

Ese hecho, "pocas veces visto en un arbitraje de inversiones", revela, según García, las "gravísimas violaciones en las que incurrió el tribunal, al exceder de manera manifiesta los límites de su propia competencia".