Lima, 26 mar.- La Policía Nacional de Perú detuvo hoy a 23 personas tras los actos de violencia y agresiones a agentes y periodistas en Lima durante una protesta de mineros que carecen de permisos contra las leyes que ordenan que hagan oficial su labor mediante la documentación requerida.
El Ministerio del Interior informó de que los procuradores públicos procederán a interponer las denuncias contra aquellos responsables de haber atacado con objetos contundentes a la Policía Nacional y atentar contra la propiedad pública y privada.
La Policía Nacional ha detenido a 20 hombres y 3 mujeres acusados de provocar destrozos en vehículos particulares, daño contra la ornamentación y ataques contra periodistas que cumplían con su labor informativa, añadió la fuente oficial.
Los mineros, que se encuentran desde el fin de semana pasado en la céntrica plaza Dos de Mayo, iniciaron hoy una marcha hasta las cercanías de la sede del Congreso donde fueron impedidos de seguir por un barrera de agentes antidisturbios.
Esto generó un enfrentamiento con palos y piedras mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos.
Según mostraron medios locales, los mineros sacaron los ladrillos y adoquines de las calles para arrojarlos a la Policía y dañaron varios vehículos particulares, uno de los cuales fue volteado.
Tras una hora de enfrentamientos, los mineros se replegaron hacia la Plaza San Martín, donde la policía desplegó un cerco para evitar nuevos incidentes.
El Gobierno de Perú ratificó hoy que llegó a un acuerdo con los mineros del sector informal de varias regiones del país, pero los trabajadores rechazan las negociaciones que hacen sus dirigentes.
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, informó de que el martes por la noche se suscribió un acta con los dirigentes de las regiones Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, La Libertad y Apurímac.
Sin embargo, el acuerdo fue desconocido hoy por los cientos de mineros desregulados que llegaron el pasado fin de semana a Lima para rechazar el fin del plazo para la oficialización de sus tareas.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó el martes que no aceptará el chantaje de los mineros, y anunció que el Gobierno no ampliará los plazos.
Las autoridades peruanas diferencian entre los mineros informales, que permanecen en zonas autorizadas pero sin los permisos respectivos, y los ilegales, que ocupan zonas de reservas naturales y cuya actividad es combatida desde 2011.
En 2012, el Gobierno peruano inició el proceso de formalización con el compromiso de unos 70.000 mineros a nivel nacional, pero según las últimas cifras oficiales solo 31.000 de ellos han gestionado la documentación respectiva.
Las primeras acciones de interdicción en el país sucedieron en 2011, durante el mandato de Alan García (2006-2011), con el fin de aplicar la política estatal de "tolerancia cero" a la minería ilegal, que destruye y contamina la Amazonía peruana.
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