Redacción Internacional, 6 abr.- La decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de declarar ilegales e inconstitucionales algunas medidas de ajuste aprobadas para cumplir las exigencias del rescate internacional pone en un grave apuro al Gobierno de Pedro Passos Coelho, que deberá buscar nuevas alternativas de ahorro.
El 16 de mayo de 2011, Portugal, a cambio de un duro plan de recortes, recibió una ayuda financiera de 78.000 millones de euros (52.000 millones aportados por la UE y los otros 26.000 por el Fondo Monetario Internacional, FMI) en tramos hasta 2014.
El rescate también incluía una partida de 12.000 millones de euros destinados a hacer frente a "eventuales necesidades de capitalización" de la banca, que al final recibió dicha ayuda en diciembre.
A cambio del rescate, se exigía a Portugal un duro programa de ajuste fiscal, reformas estructurales y mantenimiento de la solvencia financiera.
Así, el Ejecutivo portugués aprobó la privatización de empresas y servicios públicos, la congelación de salarios y pensiones o la subida de impuestos para reducir el déficit hasta el 3 % antes de 2014.
No obstante, el pasado 15 de marzo, la UE y el FMI concedieron a Portugal más tiempo para aplicar sus ajustes, por el deterioro de las condiciones externas, y le dieron otro año, hasta 2015, para conseguir situar por debajo del 3 % su déficit público, después del 6,4 % con que cerró el ejercicio de 2012.
Dentro de las medidas de ajuste, el Gobierno portugués también aprobó una ley para capitalizar los bancos, aumentó las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social y redujo las aportaciones de las empresas.
El 4 de junio de 2012, los técnicos de la troika (Banco Central Europeo, FMI y Comisión Europea) dieron por buenas las cuentas del país y ordenaron el desembolso de 4.100 millones de euros, es decir, del quinto tramo del rescate acordado en mayo de 2011 para salvar a Portugal de la bancarrota.
Meses más tarde, el 7 de septiembre, el Gobierno portugués presentó una subida de 7 puntos en la contribución de los trabajadores a la Seguridad Social y la bajada en casi 6 de las cuotas empresariales, pero la presión social y las discrepancias en la coalición gobernante le obligaron a dar marcha atrás.
En su lugar, los Presupuestos para 2013 -aprobados por el Parlamento el 27 de noviembre- incluyeron un importante aumento de la presión fiscal a través de los impuestos sobre la renta.
Algunas de estas medidas han sido declaradas inconstitucionales y discriminatorias en una sentencia del Tribunal Constitucional, entre ellas la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).
Este fallo del alto tribunal luso es el segundo que descalifica las medidas de ahorro del Ejecutivo conservador, ya que el pasado julio los magistrados consideraron discriminatoria la suspensión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas y no al sector privado, pero no impidieron que la medida se aplicara ese año por la situación financiera del país.
Además, dicho fallo fue visto por el mercado como una amenaza para la credibilidad de las finanzas lusas y sirvió de excusa para que la izquierda solicitara la renuncia del jefe del Gobierno, que ha visto cómo esta semana también ha dimitido su ministro de confianza, Miguel Relvas.
Ahora, el Ejecutivo se verá obligado a buscar otras formas para cumplir las metas del déficit público, que podría subir cerca de un punto porcentual.
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