Presidente paraguayo veta impuesto a las exportaciones de soja y granos

Asunción, 16 oct.- El presidente paraguayo, Horacio Cartes, vetó hoy por decreto el proyecto de ley para implantar un impuesto del 10 por ciento a las exportaciones de soja y otros granos en estado natural.

La ley aprobada el pasado 9 de octubre en el Congreso fue vetada tal y como Cartes había prometido hacer en caso de que el proyecto prosperara, porque su Gobierno ya impulsó la aplicación de otro nuevo impuesto y la extensión del IVA al sector agropecuario, clave para la economía de Paraguay.

El decreto firmado por el presidente justifica el veto porque el gravamen previsto terminaría afectando a los pequeños, medianos o grandes productores y no a las grandes compañías multinacionales, por lo que sería un "instrumento altamente distorsivo y regresivo".

Cartes promulgó la semana pasada una ley consensuada en el Congreso y con los productores que crea el Iragro (Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias) para un sector que representa casi el 30 por ciento del PIB nacional.

El decreto del Ejecutivo asegura que, como el impuesto vetado se aplicaría sobre el valor bruto de la producción independientemente de las ganancias o pérdidas que genera la actividad, podría convertirse "en un castigo" al sector productivo en épocas de recesión o caída de la producción.

"La aplicación de este impuesto tendría un efecto regresivo, ya que las grandes compañías exportadoras trasladarán la carga del tributo a los productores, restando competitividad y distorsionando los precios", reza el decreto.

Los productores agropecuarios sólo contribuyeron en 2012 con un 0,5 por ciento al total recaudado por el fisco en virtud del impuesto ahora en vigor, el Imagro, que a partir del 1 de enero de 2014 es sustituido por el Iragro, que gravará las ganancias con un 10 por ciento.

El Iragro hace extensivo a todo el sector agroganadero el tipo máximo del 10% que hasta ahora sólo pagan los productores con una facturación anual superior a 6.000 millones de guaraníes (casi 1,4 millones de dólares), a los que se exigía llevar contabilidad.