Madrid, 25 oct.- El PSOE ha propuesto hoy que las familias desahuciadas que tengan que llegar a la dación en pago puedan permanecer en sus casas dos años más, pagando un "alquiler social" anual del 2 % del importe de la deuda en el momento de la dación y con el límite máximo de un tercio de los ingresos de esa familia.
Según ha explicado la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, esta es una de las novedades de la propuesta legislativa de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia que ha registrado esta mañana en el Congreso.
Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, presentó hace un mes un borrador de proposición de ley contra los desahucios en un acto con colectivos sociales en Fuenlabrada, pero los socialistas han "mejorado" ese texto y lo han hecho más "realista", con aportaciones de organizaciones ciudadanas, de consumidores y afectados.
La proposición de ley del PSOE apuesta por la renegociación de las hipotecas para que los ciudadanos no pierdan sus viviendas cuando no pueden pagarlas, lo que en otros países se conoce como "segunda oportunidad".
No obstante, contempla la dación en pago en el caso en que se llegue a la vía judicial: "lo normal es que una entidad financiera prefiera acabar sin negociar y con la dación en pago", ha reconocido Iglesias.
El texto final amplía sus beneficios a cualquiera que por circunstancias sobrevenidas pase a destinar más del 50 % de los ingresos totales familiares al pago de sus deudas.
Leire iglesias ha puesto como ejemplos el de una familia que tenga dos hijos estudiando fuera y se queden sin beca y el de las familias a las que el Gobierno les ha quitado la cobertura por dependencia.
La iniciativa registrada es también más exigente que la presentada hace un mes con las entidades financieras que reciban ayuda del Frob y las obliga no sólo a adherirse a un Código de Buenas Prácticas, si no también a renegociar.
"Así nos lo está exigiendo la gente, que les pongamos a ellos en primer lugar y el rescate financiero en segundo lugar", ha dicho la diputada.
Los socialistas calculan que su iniciativa beneficiaría a unas 600.000 familias -400.000 con sentencia de desahucio y 200.000 potenciales-, mientras que el decreto ley del Gobierno aprobado a principios de año apenas se dirige, aseguran, a un 4 por ciento de los afectados.
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