PSOE y CiU, los únicos que apoyan la reforma de políticas activas de empleo

Madrid.- Los grupos parlamentarios del PSOE y de CiU han sido los únicos que han anunciado hoy su voto a favor del real decreto-ley de reforma de las políticas activas de empleo, que se convalida este mediodía en el Congreso de los Diputados.

Además, durante el debate en la Cámara Baja, se han posicionado en contra el grupo parlamentario del PP y los partidos del BNG y UPyD.

Por la abstención se han decantado el grupo parlamentario del PNV y la coalición IU-ICV.

El diputado del PSOE Jesús Membrado dijo que la reforma es necesaria porque desde hace casi 30 años no se ha tocado nada, a pesar de que en políticas activas de empleo se gastan anualmente unos 7.500 millones de euros.

Para la diputada del PP Carmen Álvarez Arenas el real decreto-ley es un "galimatías jurídico y legislativo", introduce "inseguridad jurídica" y no cumple con "urgencia y coyuntura" con los más de 4 millones de parados que hay.

Asimismo, criticó que la norma no ha pasado por la Conferencia Sectorial y no ha sido consultada con los autónomos, y advirtió de que el que haya sido fruto del acuerdo social no puede implicar que las comunidades autónomas sean actores pasivos, cuando están enormemente implicadas

Carles Campuzano (CiU) anunció el apoyo de su grupo debido a que da a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y establecer sus propias políticas activas de empleo, aunque reclamó que se tramite como proyecto de ley para mejorar algunas cosas en materia de autónomos y discapacitados.

Desde el grupo Mixto, Rosa Díez (UPyD) rechazó la reforma porque no se ha contado con la Cámara Baja para elaborar el real decreto, se insiste en el modelo fracasado de invertir mucho en subvencionar el parado y no crear empleo, y aumentará las diferencias entre las comunidades autónomas.

También desde el Mixto, Olaia Fernández (BNG) anunció su voto en contra porque limita las competencias de las comunidades autónomas, se pierde la oportunidad de resolver problemas como la formación continua y además se hace a través de un real decreto-ley.

En nombre de IU-ICV, Gaspar Llamazares confirmó la abstención de estos dos partidos porque, aunque valoran la importancia de las políticas activas, son escépticos respecto al marco en el que se desarrollan, ya que parece una "socialización" de las pérdidas y una "privatización" de los beneficios.

Su socio de grupo parlamentario, Joan Tardá (ERC) abogó porque el real decreto-ley se tramite como proyecto de ley para que se tengan en cuenta sus demandas, y reclamó que las transferencias de las bonificaciones a las contrataciones las gestionen las comunidades, como se ha hecho con el País Vasco.

Otro grupo parlamentario que también se abstiene es el PNV, porque, según explicó Emilio Olabarría, la política de empleo en España está impregnada de "centralidad" y el Gobierno peca de "optimismo" sin fundamento ante el incremento espectacular del paro, cuando el PIB no está creciendo lo suficiente.