El plan busca reestructurar 47.000 millones dólares de la deuda en negociaciones con los bonistas, que la administración del gobernador Alejandro García Padilla reconoce será una tarea ardua pero imprescindible para remontar la pavorosa crisis que le ha valido a Puerto Rico ser etiquetado como la "Grecia del Caribe" .
Además, aún cuando se cumpla el plan fiscal, para 2020 el agujero fiscal del estado libre asociado a Estados Unidos sería de 14.000 millones de dólares, por lo que se esperan grandes sacrificios de la población puertorriqueña, ya sumida en una prolongada recesión económica.
"La deuda pública masiva de Puerto Rico es un impedimento al crecimiento, es hora de que los acreedores vengan a la mesa y compartan el sacrificio", dijo en un mensaje el gobernador Alejandro García Padilla, al divulgar el informe.
La aguda falta de liquidez en Puerto Rico se hizo patente en agosto con el primer impago en la historia de la isla, cuando una corporación pública no hizo un desembolso previsto, aunque el gobierno ha seguido honrando otras deudas.
La reestructuración "resultará en privaciones para bonistas, pero a menos que se ponga fin al estancamiento de la economía de Puerto Rico que ha alimentado el incremento de la deuda en la década pasada, la deuda pública no es sostenible", señaló el informe.
En junio García Padilla reconoció que la enorme deuda pública de Puerto Rico era impagable. Al gobierno se le han cerrado las fuentes de financiamiento en momentos en que los bonos de la isla han sido degradados a nivel "chatarra" por las casas crediticias de Wall Street.
En 90 días, la isla tiene que abonar un importante aporte de 1.299 millones a sus acreedores, lo que será una enorme prueba para Puerto Rico.
Por falta de liquidez, Puerto Rico pagó el mes pasado apenas 628.000 dólares de un vencimiento de 58 millones.
En su mensaje, el mandatario advirtió a los acreedores que de no acoger la reestructuración, Puerto Rico estará forzado a seguir adelante sin ellos, lo que en la práctica significaría "años de litigios e impagos y una crisis humanitaria" en una isla de 3,5 millones de habitantes donde el desempleo alcanza el 12%.
El gobernador insistió en la necesidad de que Estados Unidos "provea un marco jurídico para atender las obligaciones del país de forma ordenada", en referencia a la demanda de San Juan de que se le permita acogerse a la ley de Quiebras norteamericana, de la que se han beneficiado ciudades como Detroit.
La Casa Blanca ha descartado la posibilidad de un rescate fiscal pero se ha mostrado proclive a que Puerto Rico se beneficie de la ley de Quiebras, algo que está en manos del Congreso estadounidense.
"La situación continúa siendo grave y requiere de la atención inmediata del Congreso", indicó este miércoles a la AFP un portavoz del Tesoro norteamericano, que advirtió que la crisis fiscal puede derivar en una situación "caótica y costosa tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos en general".
Además de las negociaciones con bonistas, el plan se enfoca en impulsar el crecimiento, con medidas que incluyen principalmente una reforma laboral, que implica la imposición de tiempo flexible en lugar de un horario corrido de 8 horas, la extensión a un año del periodo probatorio para un empleo, actualmente de 89 días, y la eliminación de las horas extras.
Las medidas del plan deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, lo que augura un arduo proceso de debate entre el partido gobernante y la oposición.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central), Melba Acosta Febo, ha advertido que el Fondo General del Gobierno, de donde se pagan servicios públicos y a los empleados, podría quedarse sin dinero antes de fin de año.
La crisis fiscal de Puerto Rico tiene su origen en el fin en 2006 de un sistema de exoneración fiscal para empresas norteamericanas que provocó una caída de la actividad económica y sucesivas emisiones de deuda de los gobiernos para cubrir el creciente déficit.
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