La primera parte de la reforma de las pensiones introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un sobrecargo a las cotizaciones abonadas por trabajadores y empresarios con una finalidad directa, llenar la conocida como 'hucha de las pensiones' hasta 2032. Los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, capitaneado por José Luis Escrivá, acordaron que este supusiera el 0,6% del salario bruto y que la mayor parte fuera asumida por el empleador. Esta cotización 'extra' comenzó a aplicarse en enero de 2023 -a pesar de que la norma fue aprobada en 2021- momento desde el que acumula ingresos que ascienden a 1.453,73 millones de euros, según los datos compartidos por la cartera.
El MEI ha incrementado sustancialmente la recaudación del organismo, tanto que equivale a un 30% del superávit registrado por la Seguridad Social con fecha del 31 de julio, 4.774 millones de euros. Los ingresos por cotizaciones están en máximos históricos y han crecido más que en los 16 años anteriores, como destacan desde el departamento de Escrivá. En los siete primeros meses del año, ha experimentado un auge del 10,2% hasta rozar los 89.000 millones de euros, del que, a su vez, un 1,8% viene determinado por aportaciones extraordinarias realizadas en concepto de contingencias comunes del mecanismo de equidad.
Los presupuestos del Ministerio de Seguridad Social prevén que las aportaciones del MEI supongan 2.793,16 millones en todo 2023, lo que no deja de ser una parte pequeña del total, que supera los 152.000 millones en estos cálculos. Si bien, su peso aumentará de forma progresiva cada año, dado que en la segunda parte de la reforma de las pensiones, pactada solo con los representantes de los trabajadores -CCOO y UGT- se estableció que su porcentaje se habría duplicado en 2029, es decir, sería del 1,2% tras avanzar a un ritmo de una décima por año. En ese momento se daría por finalizado el periodo transitorio y se mantendría ese tipo -del 1% para el empresario y el 0,2% para el trabajador- con el fin de alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Los planes del Ministerio pasan por enviar entre 2.000 y 3.000 millones de euros a la hucha de forma anual, por lo que anticipan que cerrará el 2023 con 5.347 millones, aunque el presidente del Gobierno -ahora en funciones- expresó su voluntad de elevar las aportaciones a 5.000 millones para sumar un total de 20.000 millones al finalizar la legislatura. Buena parte de este comportamiento vendrá determinado por la evolución del mercado laboral, el cual ha resistido a los envites de la economía durante la primera mitad del año pero empieza a mostrar signos de ralentización y a destruir empleos. España se situaba en máximos de afiliación a la Seguridad Social a comienzos de verano y rozaba la cifra de los 21 millones de trabajadores activos.
No obstante, la otra parte del incremento de los ingresos del MEI vendrán determinados por si este se usa o no como palanca para estabilizar el sistema público de pensiones, tal y como aparece recogido en la norma aprobada en marzo de 2023. La ley de pensiones prevé revisiones periódicas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que pueden llevar a una subida automática de esta sobrecotización, la primera programa para 2025. El organismo dirigido por Cristina Herrero deberá determinar si los ingresos diseñados en la reforma suponen más, menos o igual que el 1,7% del PIB y si el gasto no supera el 15% del PIB (con matices).
En el caso de que las cuentas no cuadren y la Airef detecte excesos de gastos, el Gobierno de turno deberá iniciar una negociación con los agentes sociales para acordar medidas para cubrirlo y después, enviarlas a la Comisión del Pacto de Toledo. La reforma concede al Ejecutivo unos meses de margen hasta enero -el primero en 2026- momento en el que de no haberse aprobado las nuevas pautas, se elevará el MEI tanto como sea necesario para reembolsar dos décimas partes del exceso de gasto cada año hasta que se tomen medidas por el mismo valor o se corrija el gasto extra.
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