Requiem por las televisiones autonómicas públicas

El Gobierno ha prácticamente sentenciado el carácter público de las televisiones autonómicas al obligarles a tener que cumplir el presupuesto para evitar la privatización.

Todo un dardo envenenado, ya que la máxima dictada por el Gobierno de Mariano Rajoy de alcanzar el déficit cero en 2020 exigirá a los canales regionales gastar sólo lo que ingresan, algo que sus ruinosas cuentas no parecen capaces de conseguir.

Y tampoco sus plantillas, ya que las 13 televisiones autonómicas emplean a cerca de 10.000 puestos de trabajo, cinco veces más que la suma de las plantillas de Antena 3, Telecinco y La Sexta juntas.

La comparación resulta todavía más odiosa cuando se recuerda que estas tres cadenas privadas juntas tienen menos personal que Canal 9 o TVE 3 en solitario. Unas plantillas imposibles de sostener ante la exigencia de ser rentables.

Para conseguir números verdes, el Gobierno les ha dado tres opciones: privatización total, parcial o carácter público con la citada condición de cumplir presupuesto. Si ninguna de estas tres opciones es viable, obviamente, el resultado es el cierre.

El problema es que las cuentas de los canales autonómicos siempre ha dependido de las subvenciones públicas, una inyección que los gobiernos regionales no van a poder seguir manteniendo en el actual entorno de ajustes.

En 2011, el 75% del presupuesto procedió de dinero público, el 20% de la publicidad y el 5% restante, de otras actividades, según un informe sobre el papel de la televisión pública regional elaborado por Accenture para la Forta.

Para este ejercicio, los presupuestos regionales incluían ya un tijeretazo del 20% en las subvenciones. Pero estas cuentas se han quedado caducas, como demuestra el hecho de que el Gobierno central les haya exigido presentar otras nuevas para poder acogerse al plan de proveedores.

Dicho con otras palabras, las comunidades van a tener que hacer ajustes mucho mayores de los previstos el año pasado, cuando se diseñaron las cuentas de las televisiones autonómicas, y empezar a meter la tijera desde ya.

De hecho, comunidades como Canarias, Aragón, Baleares y Murcia ya tienen externalizados los programas de noticias; mientras que Canal 9 está inmersa en un masivo ERE y lleva tiempo estudiando un modelo público-privado.

Y todo esto en un entorno de caída de la publicidad y un coste para el contribuyente que se estima en 2.000 millones.

Con estas cifras, sólo La Rioja, Castilla-León, Navarra y Cantabria consiguen escapar de las llamas. Y es porque nunca encendieron el fuego de tener su propia televisión.