La Seguridad Social ha retirado una pensión de 916,64 euros mensuales a un hombre en Asturias por no presentar pruebas de un diagnóstico o de mejoría tras cinco años de enfermedad. El paciente fue declarado con incapacidad permanente en grado absoluto de trabajar en marzo de 2019, cuando se aceptó entregarle una ayuda mensual para sobrellevar su enfermedad.
Tras retirar la pensión, el hombre acudió a los tribunales autonómicos para demostrar su versión ante la justicia, y revocar la decisión del órgano. Así, recibió el apoyo de un juzgado de lo social de Gijón, y más tarde, consiguió un fallo favorable por parte de la Sala de los Social del Tribunal de Justicia de Asturias (TSJA). El organismo desestimó el recurso de suplicación presentado por el Instituto de la Seguridad Social, y ratificó la obligación de la misma a mantener la situación de incapacidad del afectado, junto con la pensión de 916,64 euros. Así mismo, se deben recuperar las revalorizaciones que se le dejó de abonar hace un año.
La primera baja del hombre, de 40 años, fue en octubre de 2017, tras sufrir varios episodios de enfermedad. No fue hasta marzo de 2019 cuando el paciente consiguió la incapacidad permanente consecuencia de su grave estado de salud. Entre los principales problemas que presentaba el cuadro clínico del afectado, este presentaba astenia intensa, infecciones recurrentes, distensión abdominal e incluso lumbalgia.
Pese a haber recibido un tratamiento médico profundo y exhaustivo, los trabajadores sanitarios ocupados de su caso no han logrado presentar un diagnóstico definitivo. Por ello, aún habiéndole otorgado la baja por incapacidad, la Seguridad Social decretó que el caso debía ser supervisado de forma periódica, estipulando tres citas a lo largo de 2021 y 2022. Sin embargo, el hombre no se presentó, por lo que a finales de 2022 la Seguridad Social decidió que no estaba afectado bajo ningún grado de incapacidad permanente.
Defensa de la Seguridad Social
En su defensa, la Seguridad Social ha asegurado que, aunque no cuente con un diagnóstico claro, la enfermedad ha evolucionado de manera favorable, permitiendo al paciente desempeñar un amplio abanico de profesiones y oficios. Además, el organismo ha utilizado la ausencia del afectado durante las citas y la falta de un diagnóstico y de un tratamiento claro para argumentar que no existen lesiones de una gravedad mayor.
El TSJA ha respondido que aun sin existir un diagnostico claro, se ha demostrado que el paciente presenta limitaciones funcionales de tal magnitud que no le permiten realizar ninguna actividad profesional, independientemente de su complejidad. Tanto es así, que no cuenta con la energía suficiente para llevar a cabo tareas cotidianas en su día a día, lo que explica y justifica su ausencia durante todas las citas con la Seguridad Social.
