La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado su intención de elevar la denominada 'Tasa Enresa' destinada a sufragar los gastos de gestión de los residuos nucleares un 30% hasta los 10,31 euros/MWh. Una cuota que deben abonar las eléctricas titulares de centrales nucleares a la empresa pública Enresa encargada de los restos radiactivos. En concreto, el departamento de Ribera ha sacado a consulta pública el real decreto que regula esta figura.
La nueva propuesta que ha puesto sobre la mesa Transición Ecológica supone una rebaja de 10 puntos porcentuales respecto a la planteada inicialmente, que fijaba la tasa en 11,14 euros/MWh y que fue retirada ante las alegaciones, entre ellas del sector nuclear, que pedía más tiempo para estudiar el texto.
"¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho, yo creo, un esfuerzo grande y además hemos sido beneficiarios de la excelente gestión que está haciendo Enresa", ha señalado Ribera que ha precisado que hasta ahora la tasa ha permitido acumular en el fondo más de 8.000 millones de euros y que la actualización propuesta ahora supone casi 3 euros menos que lo que se recomendó en el informe de la comisión de expertos de 2018 redactado cuando el PSOE llegó al Gobierno.
Para Ribera, la gestión de los residuos a través de Enresa "es el modelo más eficiente con el que se cuenta". "En Francia sale mucho más costosa esta gestión, porque cada propietario se tiene que hacer cargo de sus residuos, mientras que aquí ese sistema común reduce costes", ha asegurado. En este sentido, también ha señalado que es más fácil hacer la gestión de los residuos en aquellos municipios donde se ha trabajado desde hace mucho con una planta nuclear, que no buscar un sitio, un emplazamiento diferente.
Sobre Villar de Cañas y el 'apagón nuclear'
De esta forma, ha argumentado que el VII Plan General de Residuos (PGR) haya descartado la construcción de un Alamacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en Villar de Cañas (Cuenca) y contemple la construcción de siete almacenes temporales individualizados en cada una de las centrales (ATD), lo que, según el sector nuclear, supone unos "extracostes que no están dispuestos a asumir". La vicepresidenta también ha recalcado que el calendario de cierre de las centrales nucleares para 2035 es un calendario en el que participan y se comprometen todas las empresas propietarias de las centrales nucleares.
La vicepresidenta tercera ha explicado que "mi impresión es que es un muy buen calendario para España, para los españoles, para los propietarios de las centrales, para el sistema eléctrico y para los enormes profesionales del sector nuclear en España", ha asegurado. Preguntado sobre si en 2035 no habrá centrales nucleares en España, la ministra ha recalcado que esa es su "impresión".
