Rsc. Las empresas públicas estatales tienen un año para elaborar estrategias de responsabilidad social

Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales de la Administración General del Estado tienen un año de plazo para elaborar planes estratégicos de responsabilidad social.
Con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, publicada en el BOE del pasado sábado, estas entidades deberán presentar informes de buen gobierno, así como memorias de sostenibilidad “de acuerdo con los estándares comúnmente aceptados”.
La nueva norma también exhorta a estas empresas para que revisen sus procesos de producción de bienes y servicios de manera que apliquen criterios de gestión medioambiental.
Además, tendrán que favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social por parte de sus proveedores. También tendrán que incluir en sus procesos de contratación de condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero, entre otras materias medioambientales.
En cuanto a las empresas privadas de más de 1.000 trabajadores, tendrán que comunicar su memoria de sostenibilidad, basada en los indicadores y estándares internacionales, al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (Cerse), en la que se hará constar si esta verificada o no, y en este caso se deberán explicar los motivos.
Esta comunicación de información tiene que servir para que este organismo efectúe “un adecuado seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de responsabilidad social” en las grandes empresas españolas, según se recoge en el artículo 39 de la mencionada norma.
Para fomentar la implantación de estrategia de RSC, el Gobierno pondrá a disposición de las empresas un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, “todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia”.