Rsc. Repsol prepara una normativa sobre el impacto en los derechos humanos de sus operaciones

Repsol está preparando una normativa que, bajo el título “Norma Corporativa de Evaluación de Impactos Ambientales, Sociales y de Salud”, tiene como objetivo la elaboración previa de informes sobre cómo se verán afectados los derechos humanos en las comunidades donde la compañía desarrolla sus operaciones.
Actualmente, la norma se encuentra en fase de borrador y podría ser aprobada antes de principios de verano coincidiendo con la adopción por parte de Naciones Unidas de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, según declaró a Servimedia Eduardo García, director de Responsabilidad Corporativa de la petrolera.
García indicó que aunque ya se dispone de una norma sobre la elaboración de impactos medioambientales de las operaciones, ahora “queremos ampliarla a la parte social. Con las herramientas que se han desarrollado a nivel internacional podemos también valorar los impactos en temas relacionados con los derechos humanos”.
Para el desarrollo de este documento se han entablado conversaciones con cuatro agentes sociales, como son una ONG de desarrollo, una ONG de derechos humanos, una institución de gobernanza global enfocada en temas laborales y una organización sindical. Además, en paralelo se han desarrollado dos talleres internos, uno en Madrid y otro en Buenos Aires, a los que han acudido las personas que gestionan los riesgos ambientales y sociales.
De acuerdo con esta normativa, la petrolera revisaría los impactos que tienen sus operaciones sobre la treintena de derechos reconocidos universalmente por la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
POBLACIONES INDÍGENAS
Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la propiedad de la tierra, fundamentalmente en relación con los pueblos indígenas, y los impactos que pudieran tener sobre las poblaciones las medidas de seguridad, bien sea privada o pública, de las instalaciones.
También se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la cadena de valor, principalmente en lo referente al trabajo infantil, ya que aunque no se permite la contratación de menores de 18 años, sí que puede haber cierta relajación por parte de las administraciones sobre los documentos que certifican la edad de los individuos. Asimismo, se evaluará cómo una instalación en una determinada localidad puede conllevar cierto tipo de migraciones rurales y afectar a la inflación local.
El responsable de Repsol puso de manifiesto que la evaluación de impactos sobre los derechos humanos será realizada por terceras partes, al igual que sucede con las valoraciones de impacto medioambiental. El borrador incluye una moratoria de un año para que las distintas unidades de negocio puedan definir los términos de referencia de los estudios que tendrían que llevar a cabo.
Además, recalcó que actualmente, además de la propuesta de Naciones Unidas presentada por John Ruggie, existe ya suficiente metodología generada por entidades como el Instituto Danés para los Derechos Humanos y el International Business Forum para que la petrolera adopte esta tipo de normas.